La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Congreso en paralelo con el Presupuesto 2026, introduce cambios clave en materia tributaria. Los detalles
El Congreso de la Nación sancionó recientemente la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que introduce cambios significativos en el sistema tributario y penal tributario argentino. La iniciativa, impulsada por Javier Milei, propone modificar la lógica histórica de fiscalización, al establecer que los contribuyentes deben ser considerados cumplidores salvo prueba en contrario por parte del Estado.
Entre los principales ejes de la ley -aprobada el mismo día que el Presupuesto 2026- se destaca la actualización de los montos mínimos a partir de los cuales la evasión fiscal pasa a ser considerada delito penal. Con los nuevos valores, solo operaciones de magnitud elevada podrán derivar en causas penales, mientras que los incumplimientos de menor escala quedarán en el ámbito administrativo. Además, se reducen los plazos de prescripción para la fiscalización en determinados casos y se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para contribuyentes que cumplan ciertos requisitos.
Desde el Gobierno sostienen que la norma busca brindar mayor previsibilidad, reducir la litigiosidad y alentar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero. En ese marco, remarcan que la ley no modifica las normas de lavado de dinero ni las facultades de los organismos encargados de investigar delitos complejos, como la Unidad de Información Financiera (UIF).
Sin embargo, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición. Legisladores y especialistas advirtieron que la flexibilización de los controles patrimoniales y la suba de los umbrales penales podrían facilitar la incorporación de fondos de origen ilícito al circuito formal, incluyendo dinero vinculado al narcotráfico o a la corrupción, sin un control fiscal exhaustivo.
El debate también incluye críticas sobre la equidad del sistema, ya que algunos opositores consideran que la ley beneficia principalmente a grandes evasores o a quienes mantuvieron activos no declarados, sin otorgar compensaciones claras a los contribuyentes que cumplieron regularmente con sus obligaciones. Con su entrada en vigencia, la Ley de Inocencia Fiscal abre una nueva etapa en la política tributaria argentina, cuyo impacto real dependerá de su implementación y de los controles complementarios que se apliquen.