El Gobierno derogó un sistema de más de 30 años que obligaba a los colegios privados a aumentar la cuota según lo que establecía el Estado
Los colegios privados podrán aumentar las cuotas libremente
El Gobierno nacional avanza con la agenda de desregulaciones y este martes dispuso la derogación del sistema que regulaba los aranceles de los colegios privados, una normativa vigente desde hace más de 30 años. De este modo, las instituciones podrán fijar libremente el valor de las matrículas y las cuotas sin obtener autorización previa del Estado.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 787/2025, que elimina el Decreto 2417/1993, instrumento que desde principios de los años 90 establecía el marco de supervisión estatal sobre los precios y las condiciones de funcionamiento de las escuelas privadas en todo el país.
Según los fundamentos del texto oficial, el esquema derogado “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
Además, subrayaron que el control estatal sobre las tarifas “ha generado efectos contraproducentes” que afectaron la sostenibilidad del sector y su capacidad de respuesta frente a los cambios en los costos operativos.
Entre los argumentos principales, el decreto advierte que la obligación de comunicar y obtener aprobación previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de los colegios de adaptarse a las fluctuaciones del mercado”, lo que -según el texto- “termina perjudicando a las familias, que enfrentan aranceles más altos desde el inicio del ciclo lectivo o deben trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
En esa línea, el Gobierno también destaca que la previsibilidad impuesta por las regulaciones previas “puede derivar en una merma de la calidad educativa”, al restringir la posibilidad de los establecimientos de ajustar sus precios conforme aumentan los costos salariales o de mantenimiento.
Como parte de la implementación de la medida, el Poder Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, considerado la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada. El objetivo, según se indica, será avanzar hacia un modelo basado en la libre competencia y la autonomía de gestión.