El transporte que no llega: la deuda en las calles de La Plata

La demanda de un cambio estructural ya no proviene solo de los usuarios, sino también de los organismos técnicos y del propio Concejo Deliberante, que desde marzo viene reclamando datos precisos sobre la gestión de las concesionarias.

Reclamos y quejas en La Plata

En marzo, un pedido de informes legislativo puso la lupa sobre el servicio luego de un episodio de inseguridad en Villa Elvira, donde pasajeros fueron asaltados a bordo de una unidad. El caso evidenció la falta de cámaras operativas y medidas preventivas en los recorridos más vulnerables.

Los reclamos se multiplicaron en distintos barrios de la periferia: usuarios que denuncian esperas de más de una hora, colectivos que no cumplen los recorridos y ramales directamente ausentes durante buena parte del día. Los testimonios apuntan tanto a la Línea Este, operada por Unión Platense, como a la Línea Oeste, bajo la gestión de Nueve de Julio, y a los ramales norte que administra Línea Siete.

Uno de los episodios más simbólicos del deterioro ocurrió en octubre, cuando una mujer en silla de ruedas denunció que no pudo subir a un interno del 202 porque el chofer se negó a accionar la rampa. El hecho puso en evidencia el incumplimiento sistemático de las normas de accesibilidad que deberían garantizar que todas las unidades estén equipadas y en condiciones de uso.

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Julián Martínez

El malestar social llegó al plano institucional con nuevos pedidos de informes presentados en agosto y octubre. En ellos, distintos bloques del Concejo reclamaron explicaciones sobre las frecuencias, la cantidad de unidades en funcionamiento, la falta de cámaras de seguridad y la inexistencia de rampas automáticas. También se solicitó información sobre el uso de subsidios municipales y provinciales destinados a sostener el sistema.

“En Villa Castells tenemos que caminar más de diez cuadras para ir a la parada. Lo hacemos de noche, a oscuras y con el miedo de ser víctimas de inseguridad”, expresó una vecina de zona norte en diálogo con este medio. Las quejas contra la compañía también llegaron a la Secretaría de Transporte local a través de un grupo de vecinos que elevaron una nota expresando su preocupación “por cómo manejan” los choferes de la Línea Este, además de la escasa frecuencia y que “no frenan a pesar de que muchas veces pasan con lugar”.

“Durante la semana es imposible usar la línea Norte en hora pico. Los colectivos llegan llenos a 7 y 520 —la mitad del recorrido— y no paran. Nosotros perdemos la presencialidad en el trabajo y los chicos llegan tarde al colegio”, expresó una usuaria. "Llamamos para reclamar, pero siempre nos dicen lo mismo: que están viendo cómo resolverlo. Mientras tanto, seguimos esperando", aseguró otro vecino a este medio.

Tres empresas, una misma deuda con los usuarios de La Plata

Unión Platense S.R.L. opera la Línea Este y varios ramales hacia Villa Elvira, Arana y Los Hornos. Las principales críticas se centran en la falta de mantenimiento de las unidades, retrasos constantes y deficiencias en seguridad. Los vecinos de la zona sur denuncian que las frecuencias reales distan mucho de las programadas y que las demoras pueden superar la hora en horarios nocturnos.

Nueve de Julio S.A.T. es responsable de la Línea Oeste y varios ramales periféricos. Registra demoras reiteradas, recorridos incompletos y escaso control interno. Usuarios reportan micros que pasan llenos y no detienen su marcha, además de quejas por la falta de canales de comunicación efectivos para reclamos.

Empresa Línea Siete opera gran parte de los recorridos en el norte y oeste del partido. Sufre superposición de trazas, baja frecuencia y unidades con fallas recurrentes. Los informes de control señalan incumplimientos de horarios y falta de cobertura en determinados sectores de la ciudad.

En conjunto, las tres prestadoras enfrentan el mismo problema estructural: un esquema de concesión que les permite operar sin competencia ni auditoría pública efectiva.

Un cambio necesario y urgente

Más allá del vencimiento formal del contrato, el recambio se presenta como una necesidad estructural. Los datos oficiales, los reclamos ciudadanos y la evidencia cotidiana demuestran que el servicio actual no cumple con los estándares mínimos de frecuencia, mantenimiento y accesibilidad.

Sin una planificación integral ni un sistema de control transparente, el transporte platense quedó atrapado en un esquema que combina baja calidad con altos costos. La falta de información pública, la precariedad del parque automotor y la ausencia de innovación tecnológica impiden pensar el servicio como un derecho ciudadano y no solo como un negocio concesionado.

La próxima licitación será más que un trámite administrativo: será una oportunidad para decidir si la ciudad continúa bajo el mismo esquema o si se abre a un sistema moderno, controlable y equitativo.

El transporte público no solo conecta puntos en un mapa: organiza la vida cotidiana de miles de personas. Y en La Plata, ese entramado lleva años deshilachado. La renovación que viene no es solo deseable: es indispensable.

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Marina Espeche

El vencimiento del 27 de diciembre de 2025 marca el límite de un modelo agotado. La Plata enfrenta ahora el desafío de redefinir su red de transporte para adaptarse a una ciudad más extensa, con barrios que demandan integración y usuarios que piden previsibilidad.

Uno de los principales objetivos del proyecto es lograr que se incremente el uso del transporte público en la ciudad. Hoy, el 32% de los platenses se movilizan en colectivo y la intención —según el proyecto— es que con el nuevo esquema lo haga el 45% de la población, a través de un sistema que optimice recorridos, frecuencias y tiempo de espera.

Para esto, anticiparon, se deberá desarrollar un plan de ordenamiento urbano que incluya la ampliación de avenidas y semaforización inteligente, entre otros puntos. Asimismo, deberán actualizarse el 20% de la flota de micros que circula hoy por la ciudad y sumar una decena de unidades por año durante siete años.

Por último, el pliego incorpora una aplicación gratuita para consultar horarios, frecuencias y recorridos en tiempo real, junto con un sistema de control por GPS.

Una vez que el proyecto tome estado parlamentario, será analizado por las comisiones del Concejo y luego debatido en el recinto. Tras su sanción, el Ejecutivo podrá abrir la licitación pública por 10 años. La intención es que se ponga en marcha el próximo año.