Los recortes aplicados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el Fondo Provincial Compensador, destinado al sostenimiento diario de las escuelas, comenzaron a impactar en la operatividad de los Consejos Escolares, especialmente en distritos como La Plata, donde ya se reportan demoras en tareas básicas de mantenimiento de los edificios educativos.
Este fondo, regulado por el artículo 8° de la Ley N°13.010, se financia con recursos tributarios provinciales -Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos, Automotor y gravámenes sobre embarcaciones-, y tiene como objetivo exclusivo garantizar el funcionamiento cotidiano de las instituciones escolares.
Hasta mediados de este año, los fondos eran distribuidos bajo un mecanismo automático basado en un coeficiente que consideraba la cantidad de habitantes, matrícula escolar y número de escuelas de cada distrito. Sin embargo, desde julio, la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), junto con el Ministerio de Economía provincial, modificaron ese esquema para pasar a un sistema discrecional, sin parámetros objetivos definidos.
El cambio generó una fuerte caída en los montos girados. Según datos a los que accedió El Editor Platense, en enero de este año el Consejo Escolar de La Plata recibió $204 millones. En contraste, en septiembre, con el nuevo criterio, el total fue de apenas $73 millones por tres meses, lo que representa una reducción significativa que, según denuncian desde distintos sectores, compromete el funcionamiento regular de las escuelas.
Tras la medida, consejeros escolares de distintas localidades bonaerenses se conglomeraron para llevar el reclamo a la Dirección General de Cultura y Educación a través de un extenso comunicado en el que remarcaron el “fuerte impacto negativo” que generó el cambio de sistema “en la capacidad operativa de los distritos para garantizar el funcionamiento mínimo de los establecimientos educativos provinciales”.
“Compromete las condiciones mínimas de mantenimiento, reparaciones, provisión de insumos básicos y atención de urgencias en las escuelas”, expresaron en la carta que llevaba la firma de consejeros escolares de Brandsen, Vicente López, Dolores, San Isidro, Roque Pérez, Tres de Febrero, Florencio Varela, La Costa, General Madariaga, Moreno, Lomas de Zamora, Escobar, Merlo, Tandil, Arrecifes, Magdalena, Punta Indio, Junín, Lezama, Avellaneda, Ituzaingó, Gral. Pueyrredón, Pinamar, Rivadavia, Rauch, Tigre, San Nicolás, Ramallo, Bragado, Lobos, Lobería, Pehuajó, General Paz, Tres Arroyos, Bolívar, Morón, Salliqueló, Guaminí, Mercedes, Necochea, Ayacucho, Pergamino, Puán, Campana y Lanús.
Desde el oficialismo provincial, en tanto, explicaron que la reducción obedece a la caída de la recaudación en el marco de la crisis económica nacional. No obstante, reconocieron que si bien en junio se giraron fondos compensatorios adicionales, esos recursos no fueron enviados en agosto ni en septiembre, lo que profundizó las dificultades para ejecutar tareas básicas en las escuelas.
El caso de La Plata
La capital bonaerense es uno de los distritos más afectados por la medida. El presidente del Consejo Escolar de La Plata, Iván Maidana, expresó su preocupación por la merma en los fondos. “Estamos generando un déficit por el atraso en el pago a los proveedores debido al retraso en el Fondo Compensador, que es de libre disponibilidad”, explicó.
Maidana detalló que mientras en enero ingresaron $204 millones por ese concepto, en septiembre la cifra cayó a apenas $73 millones. Atribuyó esta situación no solo a la baja en la recaudación, sino también a un cambio impulsado por el Ejecutivo provincial en la base imponible sobre la cual se calculan los fondos.
En la provincia de Buenos Aires, existen dos grandes mecanismos de financiamiento educativo. Por un lado, el Fondo de Financiamiento Educativo Nacional, destinado a obras de infraestructura de gran escala y administrado por los municipios. Por el otro, el Fondo Compensador provincial, orientado a cubrir gastos de funcionamiento diario, como reparaciones menores, compra de insumos, mantenimiento edilicio y alimentación escolar.
La reducción de este último compromete directamente la operatividad cotidiana de los establecimientos educativos y pone en tensión el sostenimiento de servicios básicos, especialmente en un contexto de inflación persistente y crecientes demandas sociales.