El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, notificó al municipio de La Matanza que su juzgado no tiene atribuciones para modificar la asignación de colegios y mesas de votación en las elecciones legislativas bonaerenses previstas para el 7 de septiembre. Esto ocurrió en una resolución, firmada el último viernes, donde también comunicó que la Justicia Electoral suspendido el proceso de notificación de autoridades de mesa en ese distrito, aunque presentó un “plan alternativo” de ubicación de mesas.
El pronunciamiento judicial se dio en respuesta a las presentaciones realizadas por el intendente Fernando Espinoza, quien había reclamado dejar sin efecto los cambios y volver al esquema de votación utilizado en 2023. El jefe comunal argumentó que la reasignación de establecimientos, inalterados durante décadas, podría impactar en la participación electoral. Claro está, las aclaraciones por parte de la Justicia Electoral de PBA no tardaron en llegar.
La controversia se intensificó luego de que la Cámara Nacional Electoral, el 7 de agosto, ordenara al Juzgado Federal Electoral dejar sin efecto “todas las reasignaciones de locales de votación de la sección electoral número 61 –La Matanza– derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos, es decir, aquellos que no respondan a casos de fuerza mayor y/o deriven de la habilitación de una mayor cantidad de mesas como consecuencia del crecimiento del cuerpo electoral”.
El máximo tribunal electoral también dispuso suspender la publicación de los locales asignados de forma incorrecta y garantizar una adecuada comunicación de los establecimientos válidos.
En su resolución, Ramos Padilla analizó el alcance de esa orden y señaló que no resulta claro si se aplica al proceso electoral nacional del 26 de octubre o al provincial del 7 de septiembre. En el caso de las elecciones nacionales, explicó, “lo ordenado resulta de imposible cumplimiento dado que aún no ha sido publicado el plan de ubicación de mesas para la elección nacional de octubre: no se podría dejar sin efecto una reasignación que no ha sido realizada y tampoco podría suspenderse una publicación de locales que no se efectuó”.
Respecto de los comicios provinciales, el magistrado remarcó que la competencia recae únicamente en la Junta Electoral bonaerense, de acuerdo con la Constitución Nacional, la Constitución provincial y la Ley Electoral provincial N° 5109. “La colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”, precisó en el comunicado.
Para sustentar su postura, citó doctrina de la Corte Suprema: “El sistema federal no solamente asegura que las provincias decidan sus regímenes electorales y elijan sus gobernadores, legisladores, y demás funcionarios, sino que también le prohíbe al gobierno central intervenir en aquellos asuntos propios de la autoridad provincial”.
En cuanto al trabajo en La Matanza, el juzgado detalló que las modificaciones de circuitos electorales fueron impulsadas por el propio municipio y luego suspendidas a pedido del mismo y por disposición de la Cámara Nacional Electoral. El informe técnico aclaró que no se efectuó un “replanteo general de los establecimientos de votación” ni una “modificación de la cartografía electoral”, sino ajustes derivados del aumento del padrón y de adecuaciones registrales.
El fallo advirtió que replicar exactamente el esquema de 2023 es inviable. “Replicar el plan de asignación de electores y ubicación de mesas del año 2023, no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara”, fundamentó.
En ese marco, Ramos Padilla dejó en claro que el esquema definitivo para los comicios provinciales del 7 de septiembre será resuelto por la Junta Electoral de la Provincia, mientras que su juzgado continuará brindando asistencia técnica y logística, pero sin intervenir en la decisión final sobre los lugares de votación. Las novedades en el presente año electoral, con las legislativas a la vuelta de la esquina continúan su marcha.
