Mientras sigue acumulando denuncias en el escándalo cripto, Javier Milei anunció la designación por decreto de los nuevos miembros de la Corte Suprema
La cuenta de X de la Oficina del Presidente no tiene descanso. Tras comunicar su desacuerdo con la compra de Telefónica por parte del Grupo Clarín, ahora informaron la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras en la Cámara de Diputados, la comisión de Comunicaciones e Informática debate con especialistas por el escándalo cripto que puso a Javier Milei en los ojos del mundo, el Gobierno busca retomar la agenda política e instalar un nuevo debate.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”, expresa el comunicado de la OPRA.
Asimismo, aclaran que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”.
El pliego de Lijo se iba a tratar el pasado viernes en el Senado, pero la sesión extraordinaria se cayó, al no contar con la mayoría que necesitaba La Libertad Avanza. El magistrado deberá renunciar a su cargo en Comodoro Py si quiere asumir como ministro de la Corte.
En este sentido, desde la Casa Rosada reprocharon que “la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.
El artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional prevé, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.