La ministra Patricia Bullrich anunció que tras la marcha por los jubilados, el Gobierno busca crear la tipificación de "asociación ilícita deportiva"
Patricia Bullrich anunció la Ley Antibarras
La ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, presentó esta tarde el proyecto de Ley Antibarras, que las declara como "Asociación ilícita deportiva", tras la marcha del miércoles pasado, donde múltiples hinchas se acercaron al Congreso de la Nación a la marcha por los jubilados, movilización que el Gobierno caracterizó como "marcha de los barras".
La iniciativa, tal como informó, ya fue enviada a la Cámara de Diputados y cuenta con la firma del presidente Javier Milei. El objetivo de la misma es "combatir el accionar violento de las barrabravas de clubes de fútbol y castigar a dirigentes implicados".
Este proyecto busca tipificar el delito "en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal". Además, "se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes", al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas.
Por otra parte, Bullrich anunció que "los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios" de fútbol. Y argumentó que "prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras".
En el escrito se especifica también que se podrá penalizar a quien “tuviere en su poder, introdujere en el área de un espectáculo deportivo, guardare o portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir, con motivo o en ocasión de tal espectáculo”.
En esa línea, la pena será para las personas que “alterare el normal desarrollo de un espectáculo deportivo, provocare disturbios, amedrentare o ejerciere presión sobre protagonistas, concurrentes u organizadores, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado”.
Otro de los delitos que se especifican está vinculado a "organizadores, protagonistas o responsables de la emisión y distribución de entradas a espectáculos deportivos, que las provean sin el pago del precio correspondiente, a miembros de organizaciones que se dedicaran a la comisión de los delitos mencionados en el presente proyecto”.
Luego de cuestionar abiertamente el accionar de la jueza que liberó a los detenidos tras la manifestación en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei denunció oficialmente este lunes a la magistrada acusándola por los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.
La acusación se dio luego de que la jueza porteña Karina Andrade dejara en libertad a los 114 detenidos durante la protesta en defensa de los jubilados que tuvo lugar en las afueras del Congreso de la Nación.