Luego de cuestionar abiertamente el accionar de la jueza que liberó a los detenidos tras la manifestación en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei denunció oficialmente este lunes a la magistrada acusándola por los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.
La acusación se dio luego de que la jueza porteña Karina Andrade dejara en libertad a los 114 detenidos durante la protesta en defensa de los jubilados que tuvo lugar en las afueras del Congreso de la Nación.
En tanto, anteriormente, desde el Ejecutivo se habían encargado de cuestionar abiertamente la labor de la magistrada, asegurando que “la justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina”.
Ahora, la acusación formal frente a la Justicia llegó de parte del Ministerio de Seguridad, desde donde señalaron que “la resolución de la jueza Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia”.
“Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas”, agregaron.
La tildaron de cómplice
El vocero presidencial Manuel Adorni fue uno de los primeros en salir al cruce de la jueza, señalando en redes sociales que el accionar de Andrade no habría sido el correcto. “La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad”, sostuvo el funcionario desde su cuenta de X.
Del mismo modo, agregó: “La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.