Se suma al de dos personas cuyo puesto de trabajo prende de un hilo. Todos responsabilizan a Paula Verónica Ferraris y le piden respuestas a Agustina Vila
El Editor Platense informó en ediciones pasadas, sobre un conflicto que tiene lugar en la Gobernación bonaerense, debido a que hay trabajadores que viven momentos de incertidumbre, preocupación y desesperación porque sus puestos de trabajo prenden de un hilo, incluso, estando en planta permanente. En ese sentido, se pudo conocer que hubo un hombre que ya perdió su trabajo injustificadamente.
A los casos de Ezequiel Martínez y Cristian Regueiro, choferes de funcionarios con 21 y 34 años de antigüedad respectivamente, que están sin cumplir funciones pese a que cuentan con todo en regla: licencia de conducir profesional y psicotécnicos, como así también el visto bueno de la Junta Médica que indica que no tienen contraindicaciones para no ejercer sus tareas, este medio pudo conocer el caso de Pedro Contreras, quien fue desvinculado de su trabajo el año pasado, tras atravesar una enfermedad y suspensiones.
Sobre este caso concreto, también pesa la autoridad de Paula Verónica Ferraris, la titular de la subsecretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Secretaria General, Agustina Vila. Ferraris tiene un prontuario de discriminación y violencia laboral y, este no es un caso aislado.
Tal como mencionaron familiares de Pedro Contreras, un chofer con más de 30 años de trayectoria en el área, tuvo un pico de diabetes que lo dejó internado durante algunos días. Desde el hospital intentó subir los certificados médicos al sistema que los regula, pero no tuvo acceso y luego, no se los aceptaron, por ende, esas faltas quedaron sin tener justificación.
Al volver a su trabajo, le hicieron un sumario y lo suspendieron. No pudo manejar durante casi dos años, pese a que sus estudios médicos decían que estaba apto. "Para él fue chocante la suspensión porque lo que menos pensó, después de 30 años de servicio, una persona que sana de salud que no faltaba, inclusive hasta en las vacaciones ha sabido trabajar porque tiene dos familias que mantener, ese día para él fue mortal".
Después de este episodio el hombre cayó en "una depresión terrible, tiene muchos hijos y lo dejaron a su suerte, tirado como si fuera prácticamente un perro, después de 30 años de servicio, lo de esta mujer es inentendible", detallaron fuentes cercanas a la víctima que, tras pasar dos años sin poder trabajar y sin goce de sueldo, decidieron despedirlo en agosto de 2024.
En el documento donde lo desvincularon se detalla que es a raíz de "haber incurrido en diversas inasistencias injustificadas, habiendo sido suspendido gradualmente, siguiéndose el procedimiento de sanciones progresivas... propician sancionar al agente Pedro Marcelo Contreras con la pena expulsiva de cesantía".
El error que marcan los allegados y compañeros de trabajo en esa resolución, es que debería haber sido convocado en primer lugar a Junta Médica, donde le brindarían la justificación pertinente por los días de falta y la aprobación para trabajar. Segundo, se trata de un hombre que tomaba medicación "y lo dejaron sin nada", siendo además, que "podrían haberlo jubilado, le daban los años de aporte y sin embargo, lejos de esta señora Ferraris de contenerlo dentro del Estado, garantizarle el acceso a la salud, internarlo, mandarlo a una Junta Médica, lejos de eso, de darle esa posibilidad, lo echaron como un perro".
Estos puestos actualmente están ocupados por conductores contratados, según información a la que accedió El Editor Platense, estarían bajo la órbita del Ministerio de Economía bonaerense y tendrían sueldos de funcionarios, cercanos a los tres millones de pesos.
En ese sentido, el reclamo no sólo se menciona la necesidad de volver a sus funciones, sino también para que se respete la experiencia. “Como máxima autoridad de la Secretaría General, se traslada con choferes sin antigüedad, sin estabilidad y que estarían contratados. Creemos que nuestra designación en dichos lugares contribuiría a optimizar los recursos humanos disponibles y así, garantizar una eficiente prestación del servicio. Esto, mencionando el ahorro económico que generaría en nuestra institución”, detalla la última carta presentada a Agustina Vila, el 6 de marzo de este año.