La Cámara de Diputados Provincial de Buenos Aires, amaneció el miércoles con un escándalo político, producto de la detención de un sujeto quien tenía consigo una bolsa de consorcio con más de un millón de pesos y 48 tarjetas de débito con la inscripción “Cámara de Diputados de Buenos Aires”.
El hombre, Julio ‘Chocolate’ Rigau está ligado al Partido Justicialista y fue candidato a concejal en 2019 por el Frente de Todos, en la actualidad aparece en la nómina de trabajadores de la Cámara Provincial como electricista. Fue denunciado por un vecino que vio movimientos extraños en un cajero céntrico de la ciudad de La Plata. Tras varios minutos de monitoreo los guardias que se encuentran en Plaza San Martín decidieron llamar a la policía.
Inició el proceso por parte de los agentes y concluyó en la detención de Rigau dando origen a una investigación que continuó la tarde del jueves, con un allanamiento en su vivienda.
El mismo día por la mañana Guillermo Atencio, juez de garantía, rechazó la excarcelación de Rigau, ya que consideró: “permite presumir sobre la existencia de peligros procesales”.La situación vivida en la política local y provincial activó varios frentes y por parte del concejal Escudero quien se desligó de su relación con ‘Chocolate’ y, redes sociales mediantes, anunció que presentó un pedido de informe al Concejo Deliberante. Así también, en comunicación con este medio declaró: “queremos que se encuentre a los responsables de que esas tarjetas de débito hayan llegado a las manos de Rigau”.“Todos me acusan y me señalan a mí, pero nadie se pregunta quienes son los que se benefician con esto”, dijo Escudero enojado con la situación.
Vale mencionar también que, otro de los señalados en el marco del caso, es el concejal massista Facundo Albini, quien ha compartido fotos con Rigau y además forma parte del partido que el acusado integra, sin embargo, desde Frente Renovador ya han asegurado a la prensa que no tiene “ningún tipo de relación con el detenido”.
Federico Otermín presidente de la cámara, en la actualidad, no se ha manifestado sobre el caso y desde este medio intentamos recabar alguna declaración al respecto por su parte, pero fue en vano.
La lista de tarjetas
Con el avanzar de la causa se conocieron los nombres de los dueños de las tarjetas de débito: Correa, Marisol; Di Rosa, Flavia Antonella; Mederos, Daniel Alfredo; Rodríguez, María Eugenia; Lucas, Damián Lucero; Vrcic, Oscar Antonio; Sosa, Ramón Alberto; Rigau, Maximiliano Gastón; Valdata, Paula Alejandra; Ravetllat, Carlos Alejandro; Rodríguez Antonio Javier; Anivarro, Graciela; Prieto Patricio Pascual; Maroni, Sheila Belén; Boragina, Raúl Horacio; Alvear, Mabel Susana; Sánchez, Ricardo Mario; Raimondo, Cecilia Nora; Rodríguez, Aldana Ayelén; Falcon Ramírez, Arturo; Berón, Diego; Plana, Enzo Mariano; D’Ovidio, María Cecilia; Delgado, Rosana Silvia; Plana, Agata Solange; Vallejos, Juan Carlos; Silva, Ramón Raúl; Koster, Diego Guillermo; Caro, Brenda Gisela; Folone, Raúl Marcelo; Pascual, Ramiro, Alberto; Mendivil, Rubén Alberto; Pérez, Silvia Marcela; Rigau, Gerardo Román; Malmaceda, Lilia Leonor; Pecile, Matías, Federico; Agra, Álvaro; Albino, María Amanda; Méndez, Juan Martín; Da Ponte, José Alberto; De Micheli, Perla Adriana; Caberta, Mónica Patricia; Rigau, Cristian Osvaldo; Crivaro, Ernesto Fabián; Juan José Tocci; María Cristina Degollada; Ezequiel Tocci; Lourdes Degollada.
La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI 2, investiga por “defraudaciones reiteradas”, se conoció que peritarán el teléfono que llevaba consigo el día de la detención. Como así también llamarán a cada uno de los propietarios de las tarjetas, ya que estas son personales e intransferibles.
La defensa de Rigau la lleva adelante el reconocido abogado Alfredo Gascón, al cual hemos intentado comunicar, pero al menos al cierre de esta edición no profirió ninguna declaración sobre el estado procesal de su cliente.
Un caso similar
El 14 de junio de este año, se llevó a cabo el veredicto que juzgó a Antonio Armando Nieto, ex senador provincial del PRO entre el 2007 y el 2011. Nieto fue condenado a cuatro años de prisión por defraudar al Estado en al menos 39 ocasiones. El modus operandi consistía en liquidar grandes sumas de dinero a personas que no prestaban funciones en la cámara, a cambio de aportes previsionales, cobertura social o algún subsidio estatal.