Un informe de la Fundación Encuentro reveló datos alarmantes sobre las condiciones de trabajo de los repartidores. El debate en el marco de la reforma laboral
El futuro del trabajo en la Argentina se juega en las calles. Mientras el debate sobre la reforma laboral busca flexibilizar la economía, miles de repartidores por aplicación exponen la precariedad de un nuevo modelo que choca con las viejas estructuras legales. La tecnología promete autonomía, pero un informe reciente revela cifras preocupantes. La Plata ya puso primera.
El debate sobre los repartidores por aplicación es hoy el punto de inflexión más crudo entre la economía digital y un sistema legal diseñado en el siglo XX. El discurso de “la autonomía y el autoempleo” que motoriza la innovación tecnológica choca con una realidad económica de extrema fragilidad, una tensión que ha quedado expuesta en informes como el Índice APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) publicado esta semana por la Fundación Encuentro, el Focus Group del Frente Renovador.
El documento no mide la riqueza generada, sino la profunda inestabilidad que enfrenta el repartidor, cuantificando la inestabilidad con datos alarmantes: el 90% de los trabajadores reporta que sus ganancias varían drásticamente de una semana a otra, y la tercera parte de ellos (33%) afirma que esa variación es superior al 50%. Esto ilustra la total falta de estabilidad y previsibilidad del ingreso. El coeficiente revela, además, la alta dependencia al evidenciar que el 82% de los repartidores no tiene otra fuente de ingreso formal. En este contexto, un repartidor necesita trabajar, en promedio, más de 13 horas semanales sólo para cubrir los gastos mínimos de mantenimiento de su vehículo. Es una economía donde el trabajador tiene el control formal sobre su horario, pero está sometido a una dependencia tecnológica y económica tal que convierte al algoritmo en una suerte de “jefe en la nube” que asigna, premia o castiga, diluyendo cualquier vestigio de autonomía real y dejando al trabajador en una vulnerabilidad extrema. La pregunta central ya no es si existe o no una relación laboral, sino qué tipo de relación es esta, y bajo qué amparo social debe funcionar.
El nudo central del debate que se viene reside en la clasificación legal de esta fuerza laboral. Las plataformas y los sectores que defienden su modelo argumentan que el repartidor es un contratista independiente que goza de la libertad de rechazar pedidos y gestionar su tiempo, un paradigma que se alinea perfectamente con las recientes propuestas de flexibilización laboral que buscó el Gobierno nacional a través del DNU 70 y de la Ley de Bases. Estas iniciativas, al reforzar la figura del trabajador autónomo y limitar la capacidad de judicializar la relación, buscaron, en principio, dar un marco más acorde a la velocidad de la economía moderna. Sin embargo, al no abordar de manera específica y detallada el fenómeno de las plataformas, se limitó a barrer el problema bajo la alfombra de la flexibilización general, manteniendo la incertidumbre jurídica y la vulnerabilidad de los trabajadores.
La falta de una definición clara a nivel nacional sobre la legitimidad de la relación laboral ha generado un vacío legal que obligó a los municipios a tomar la iniciativa. El antecedente de La Plata es un ejemplo claro de cómo la discusión, ante la indiferencia del Congreso, se trasladó al ámbito territorial. En la capital de la Provincia más grande del país, el Concejo Deliberante debatió (y aún mantiene pendiente) un proyecto de ordenanza que no busca imponer la relación de dependencia laboral tradicional, sino establecer un marco regulatorio mínimo de protección social y seguridad; una suerte de “tercera vía” o “zona gris” que protege a los trabajadores.
La propuesta se centra en exigir a las plataformas el registro obligatorio de repartidores, la contratación de un seguro de responsabilidad civil y accidentes laborales y la garantía de condiciones básicas de higiene y descanso. Este movimiento local expone que, más allá de la ideología sobre el mercado laboral, la urgencia de la regulación pasa por la seguridad pública y el ordenamiento del espacio urbano, un problema que la legislación nacional ha dejado sin respuesta, como tantos otros.
El debate en la provincia de Buenos Aires, con su extensa mancha urbana y su alto volumen de repartos, se convierte en el botón de muestra de la encrucijada nacional. Por un lado, está el argumento de la innovación: la regulación estricta podría frenar la inversión, encarecer el servicio y limitar la flexibilidad que valoran muchos repartidores. Por el otro, está la demanda social: permitir que una masa crítica de trabajadores opere sin aportes jubilatorios, sin seguro de riesgos de trabajo y sin cobertura médica es una bomba de tiempo social y un factor de competencia desleal para el empleo formal tradicional.
La verdadera cuestión que Argentina debe resolver más temprano que tarde, es si el futuro del trabajo se define a través de la flexibilidad sin red de seguridad o si es posible, y necesario, inventar una figura legal intermedia que reconozca la dependencia tecnológica de estos trabajadores sin obligar a las plataformas a replicar el contrato de trabajo que rige una fábrica o una oficina. La respuesta, que se conocerá junto con los detalles de la reforma laboral, definirá no solo el destino de miles de repartidores, sino el modelo de trabajo que regirá la economía argentina en las próximas décadas.