Los montos para la licitación son de $117 mil millones por encima del presupuesto del Plan de Mantenimiento Urbano impulsado por la Municipalidad de La Plata
“Es un presupuesto millonario el que se destina a este plan, y nosotros vamos a poner el ojo ahí”, afirman desde la oposición local. Se trata del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad de La Plata y que contempla la pavimentación de más de 400 nuevas calles, reparación de otras y mejorado de caminos de tierra en zonas de todo el partido.
Con una inversión millonaria, las obras alcanzarán 2.000 calles de los barrios hasta el centro de la ciudad. El “megaplan” ya está en marcha y se desarrollará en 18 meses, incluirá repavimentación, mejoras pluviales y recuperación de espacios públicos.
Sin embargo, lo llamativo es que, la licitación original se modificó poco antes de que se terminara la convocatoria. De acuerdo a lo detallado en los documentos oficiales publicados por la Municipalidad, el presupuesto inicial del plan fue incrementado en $20 mil millones, pasando de $98 mil millones a casi un total de $118 mil millones de pesos. Esta licitación es la de mayor envergadura en lo que va de la gestión municipal, y según estiman en la Comuna, del monto invertido, unos 70.000 millones se ejecutarán este año.
No obstante esta modificación mencionada no deja de hacer ruido entre la oposición local teniendo en cuenta que estamos hablando de una crucial obra multimillonaria. Tal como viene informando El Editor Platense, esto se plantea en paralelo al gran interrogante sobre el origen de los fondos para la compra de “Tito”, la mini patrulla encargada de ser guardián de la renovada plaza San Martín, que dejó más dudas que certezas. Un puñado de concejales opositores impulsaron una serie de pedidos de informe para que el Ejecutivo brinde información sobre el vehículo eléctrico. En este punto se expuso la falta de transparencia que ahora, en el marco del “megaplan”, todas las miradas están en los movimientos que se llevan adelante y en las empresas involucradas. Cabe marcar que las autoridades municipales afirmaron que, en un plazo de un año y medio, se espera la intervención de unas 1.400 cuadras.
Las obras alcanzarán a las siguientes áreas de ejecución: Zona 1: Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa y el norte del casco urbano. Zona 2: Gorina, Arturo Seguí, El Peligro, Hernández, Melchor Romero y el oeste del casco urbano. Zona 3: San Carlos, Abasto, Olmos y el suroeste del casco urbano. Zona 4: Los Hornos, Etcheverry y sur del casco urbano. Zona 5: Altos de San Lorenzo y el sureste del casco urbano. Zona 6: Parque Sicardi, Villa Elvira, Arana y el este del casco urbano.
En el Boletín Oficial N° 1259 de la Municipalidad de La Plata se detalla que de las seis zonas, cada empresa que presentó su propuesta en la licitación podrá ser adjudicataria de una sola, “independientemente que sea el caso de oferta individual o a través de ser parte componente de una U.T. (Unión Transitoria). Dicha cláusula establece la autonomía de las Zonas Urbanas a los efectos de obtener una mayor concurrencia de adjudicatarios y, asimismo, la oferta de menor valor, siendo esto lo más conveniente al interés fiscal municipal”.
Dentro de dicho documento también se dejó detallado que se desestimaron las propuestas de dos empresas por “no ser convenientes al interés fiscal del Municipio”, sin dar mayores detalles sobre ello. Sin embargo, al indagar en el historial que tienen las compañías que resultaron beneficiadas en estas licitaciones, se puede ver que tienen un prontuario inquietante en lo que respecta a obras públicas y el vínculo con diferentes gestiones de gobierno.
La zona 1 está a cargo de las firmas Eleprint S.A. - OCSA S.A. quienes accedieron por un monto 19% mayor al pautado previamente por la comuna. El presidente de la firma Eleprint es Gustavo Alberto Weiss, actual titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), quien estuvo vinculado con la tan nombrada “causa cuadernos”. En la investigación realizada en 2018 se pudo ver que Weiss fue acusado de aplicar sobreprecios, sobrefacturaciones y de quedarse con negocios por más de $400 millones. La llegada del empresario platense a la causa fue a raíz del allanamiento a Ernesto Clarens, supuesto exfinancista de la familia Kirchner.
En esta oportunidad, se presentó para ser parte del mantenimiento urbano de La Plata, junto con la firma OCSA, propiedad de Ricardo Alconada Magliano, quien fue el primer empresario indagado en la causa “gestapo antisindical” macrista, debido a que estuvo en aquella reunión en el año 2017, en la que se discutió cómo armarle una causa al entonces dirigente de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) Juan “Pata” Medina. Si bien negó los cargos sobre ello, hay otras irregularidades que lo rodean.
La zona 2 fue adjudicada a Briales S.A., por un monto 17,98% superior al estipulado, se trata de otra compañía con historial en la región. Es que, en 2016 se presentó una licitación pública para la obra Conservación de Pavimentos Rígidos y Flexibles en La Plata, a la que accedió, entre otras firmas, Briales S.A. por un total de 20 millones de pesos mayor al presupuesto oficial. Ese sobreprecio, habría sido un 14% destinado a “retornos”, es decir, el mecanismo de corrupción en el que parte del dinero adjudicado a la empresa por parte del Estado, regresa en forma de sobornos o coimas a funcionarios públicos o intermediarios que facilitaron dicha adjudicación del contrato. Si bien fue polémica la participación en éste y en otros proyectos, las denuncias a esta compañía no llegaron a la justicia.
La zona 3 (con un sobrecargo del 17,51%) estará a cargo de la empresa Hidraco SA, cuyo titular, el ingeniero civil Roberto Juan Orazi, fue procesado en el marco de la Causa Cuadernos, por el delito de "cohecho activo, reiterado en 18 hechos, 17 de ellos, en calidad de autor, y la restante, en calidad de coautor" y fue embargado por más de mil millones de pesos. Según una investigación realizada en 2022, Hidraco no sólo está involucrado en los cuadernos de coimas, sino también figura entre las 1.200 firmas denunciadas por AFIP por ‘facturas apócrifas’.
Coninsa S.A. se quedó con la zona 4 (19,59% mayor al presupuesto oficial) del “mega” plan. Coninsa es una de las empresas constructoras más grandes de La Plata, en 2022 fue nombrada como una de las principales beneficiarias de la obra pública bonaerense, siendo una de las diez empresas más favorecidas, por varios cientos de millones de pesos.
La compañía fue responsable de la obra que abastece de agua a Villa Castells y parte de Gonnet, la cual requirió más de 60 reparaciones debido a la mala calidad de los materiales empleados y problemas en la ingeniería de construcción. En conjunto con Mario Caroleo S.A., Coninsa conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para encarar el acueducto de Ensenada, y fue el intendente Mario Secco quien, tras denuncias de que la empresa habría dejado parte de la obra inconclusa y el resto la habría hecho en forma defectuosa, con materiales de bajas condiciones, dejando sin agua potable a buena parte de los vecinos, los despidió.
La zona 5 (que tuvo un aumento del 19,50%) les fue adjudicada a un conjunto de empresas que también tienen prontuario. Construcciones Ingevial S.A. y Solidum S.A. también fueron parte del listado de la causa cuadernos. Sobre la primera no se encontró pruebas específicas más allá del nombramiento de Clarens, si bien sus dueños no fueron formalmente imputados o procesados en causas judiciales por corrupción, la empresa ha sido mencionada en investigaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha generado cuestionamientos sobre su participación en contratos estatales en dicha jurisdicción.
Otra de las firmas que tendrá esta zona es Bricons S.A. cuyo titular es Mario Ángel Raspagliesi, quien estuvo en medio de las denuncias de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos. Bricons está acusada de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, especialmente durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
Por último, la zona 6 (con 18,95% de aumento) está en manos de dos firmas: Centro Construcciones S.A. y Basaa SA. La primera está asociada a investigaciones por lavado de dinero y sobreprecios, como fue la adjudicación para realizar obras de bacheo en Los Hornos y San Carlos, la cual contó con presupuesto oficial de $13 millones, pero fueron pagados 16.3 millones en 2019. Mientras que Basaa extiende su historial a otras provincias.
La adjudicación del plan de mantenimiento urbano expone así, una cuestionable concentración de contratos públicos en manos de empresas con antecedentes judiciales o vínculos con causas de corrupción a nivel nacional. A pesar de que el pliego licitatorio estableció criterios para promover la competencia y el interés fiscal, la selección final terminó beneficiando a firmas implicadas en distintas causas.
Es por esto que pese a que la ley no prohíbe contratar con empresas que no hayan sido formalmente condenadas, el historial de las firmas involucradas, junto con el aumento del presupuesto original y los vínculos con causas judiciales, despierta en principio sospechas sobre la transparencia del proceso.
En contacto con El Editor Platense, María Florencia Defeo, concejala de La Plata por La Libertad Avanza, apuntó a la actual gestión por la falta de prioridades claras en el mantenimiento de la ciudad, citando plazas mal conservadas y servicios desatendidos como la recolección de residuos en zonas periféricas. En esta línea cuestionó además el mega plan de mantenimiento urbano en el que está en juego una inversión millonaria. “Es un presupuesto millonario el que se destina a este plan, y nosotros vamos a poner el ojo ahí. No nos vamos a cansar de pedir informes, aunque hoy ni siquiera nos los contesten. Presentamos más de 80 pedidos de informes desde que asumimos y nos respondieron uno o dos como mucho. Esa omisión sistemática también es una decisión política”, citó.
“Hay cosas que se ven y no se hacen, y eso es toda una decisión política”, sostuvo Defeo. Asimismo acusó al Municipio de carecer de prioridades claras y de aplicar un modelo de ciudad “maquillada” -tal como lo dijo también el concejal Guillermo Bardón-, mientras los barrios quedan relegados. “El problema es que no hay prioridades, ni dentro de las mismas temáticas ni fuera de ellas. Mientras en el casco urbano remodelan plazas como la San Martín, a las que les destinan recursos por la tasa de capitalidad, en las zonas periféricas los espacios públicos están abandonados. Hay juegos oxidados, pasto alto, poca luminaria. Así también se propicia el delito”, señaló.
“No hay voluntad de resolver los problemas estructurales. Se embellece una parte de la ciudad mientras el resto se hunde en el abandono. Y cuando una gestión no actúa sobre lo urgente, no es por incapacidad: es porque decidió no hacerlo”, expresó y agregó: "Hay muchas licitaciones que van a ir saliendo de acá a fin de año. Para mí todas las promesas son de un año electoral, megaplanes, y lo único que espero es que la única aspiración -porque es el deber de ellos-, es que sean transparentes", cerró.