En el Concejo Deliberante de La Plata, La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para Julio Alak explique cómo se compraron los autos cazainfractores
Comenzó febrero y ya rige el horario habitual de estacionamiento medido en La Plata.
Julio Alak deberá rendir explicaciones ante el Concejo Deliberante por la adquisición de tres autos destinados al control del Estacionamiento Medido en La Plata. El pedido de informes fue presentado por el bloque de La Libertad Avanza platense, ya que quieren saber de dónde salió el dinero.
En el proyecto, Guillermo Bardón, Florencia Defeo, Belén Muñoz y Florencia Barcia piden precisiones al intendente por "la compra por la licitación privada Nº 93 que autorizó el intendente Julio Alak por el Decreto Municipal Nº 2.270/2025". Con esa norma se habilitó la adquisición de tres vehículos livianos, "del segmento A (City Cars), destinados a las tareas de fiscalización por un presupuesto de más de 70 millones de pesos".
En los fundamentos, los concejales libertarios ponen el acento en la cifra final de $70.861.452, ya que por cada vehículo, los vecinos de La Plata abonaron más de 23 millones de pesos. "La adquisición de vehículos con fondos públicos requiere no solo transparencia en el proceso licitatorio, sino también claridad en su destino operativo, su impacto territorial y su articulación con los sistemas de control existentes", dejaron en claro.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo que deja en evidencia la pésima gestión de Julio Alak cuando estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: se le aplicó sanciones y observaciones por severas irregularidades administrativas y por el uso del Proyecto PNUD ARG 21/002 para canalizar gastos corrientes.
El órgano de control detectó que, durante 2023, bajo la gestión de Julio Alak, se ejecutó transferencias por 26.684.697.000 pesos al convenio con el PNUD, de las cuales 24.817.545.768,91 pesos correspondieron al año 2023 y 23.802.828.706,15 pesos se destinaron a la provisión de viandas para el Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, se revisaron contrataciones por 14.681.503.776,40 pesos vinculadas al racionamiento de alimentos. Pese a que el gasto se ajustó al presupuesto global del Ministerio, los auditores concluyeron que la forma y la autoridad que autorizó ciertas contrataciones eran impropias.