Gastó más de 80 millones de dólares en viandas cuando era ministro de Justicia, entre otras irregularidades. Sergio Resa, también entre los multados
Julio Alak recibió una multa de más de un millón de pesos
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo que deja en evidencia la pésima gestión de Julio Alak cuando estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: se le aplicó sanciones y observaciones por severas irregularidades administrativas y por el uso del Proyecto PNUD ARG 21/002 para canalizar gastos corrientes.
En el centro de la crítica figuran decisiones de la cúpula del Ministerio, a cargo de Alak en ese entonces, que derivaron en contrataciones y delegaciones de funciones que, según los auditores, eludieron controles básicos.
El órgano de control detectó que, durante 2023, bajo la gestión de Julio Alak, se ejecutó transferencias por 26.684.697.000 pesos al convenio con el PNUD, de las cuales 24.817.545.768,91 pesos correspondieron al año 2023 y 23.802.828.706,15 pesos se destinaron a la provisión de viandas para el Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, se revisaron contrataciones por 14.681.503.776,40 pesos vinculadas al racionamiento de alimentos. Pese a que el gasto se ajustó al presupuesto global del Ministerio, los auditores concluyeron que la forma y la autoridad que autorizó ciertas contrataciones eran impropias.
Los investigadores del Tribunal no objetaron la existencia del gasto ni alegaron sobreprecios; el reproche fue de procedimiento y de competencias: la ejecución sistemática de gastos corrientes a través del PNUD implicó delegar en un organismo externo la contratación y el manejo de fondos públicos, con un "costo de apoyo" del 3% y con proveedores recurrentes que venían siendo beneficiados año tras año. Para colmo, quien autorizó y adjudicó la contratación por 14.681.503.776,40 pesos —cuando su límite de competencia era de 330.000.000 pesos— excedió sus facultades en más de 14.351 millones, lo que configura una extralimitación clara de funciones.
A la luz de esos hallazgos, el Tribunal resolvió imponer multas y llamados de atención: entre las sanciones pecuniarias, se aplicó una multa de 1.967.507 pesos a Julio Alak, además de importes menores a otros funcionarios, como Sergio Resa, actual Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata y concejal electo en los últimos comicios. A él se lo multó con $196.750,74.
El fallo detalla varios ejes problemáticos: primero, la Relatoría subrayó la delegación de misiones y funciones esenciales del Ministerio en el ámbito del proyecto PNUD, lo que derivó en la contratación por fuera de los mecanismos habituales de control. Segundo, se detectaron contratos de locación de servicios que excedieron los límites temporales previstos por la Ley de Emergencia Administrativa y su reglamentación, en tanto muchos beneficiarios fueron contratados de manera continua entre 2022 y 2023, limitada por normas que solo permiten excepciones transitorias.
En la práctica, el uso reiterado del convenio con el PNUD para la provisión de viandas operó como una vía paralela de contratación que, según la Relatoría, terminó desnaturalizando la finalidad de la asistencia técnica para transformarla en un mecanismo operativo de compra y pago de servicios corrientes. Eso no sólo impidió la intervención oportuna de la Contaduría General, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, sino que además generó una superposición de roles: funcionarios del propio ministerio ejercieron funciones administrativas que son indelegables, debilitando el sistema de controles.
La argumentación del ministerio en su defensa apeló a la existencia de un marco normativo específico para proyectos PNUD y a la urgencia derivada de la situación carcelaria: el aumento de la población privada de la libertad y las condiciones de hacinamiento demandan respuestas rápidas. También se sostuvo en aquel entonces que los fondos provienen de asignaciones presupuestarias del propio ministerio y que el objetivo declarado del proyecto es modernizar procesos penitenciarios.
Sin embargo, el Tribunal fue tajante: la excepcionalidad no puede transformarse en regla. Aunque reconoció que el proyecto PNUD tiene un marco normativo propio, sostuvo que ello no exime al ministerio del cumplimiento de normas provinciales respecto a la administración de fondos públicos y a las facultades de decisión. La reiteración de contratos con los mismos proveedores y la prolongación de relaciones contractuales más allá de los plazos transitorios fueron calificadas como prácticas que debilitan la transparencia y el control.
La sanción individual a Alak merece una lectura política y administrativa. No se trata solo de una multa: es un rótulo sobre la gestión que encabezó. El monto impuesto puede resultar simbólico frente a la magnitud de los contratos cuestionados, pero la condena formal carga de responsabilidad la firma del ministro en decisiones que permitieron proceder con operaciones cuya autorización no correspondía al nivel que la emitió. El fallo apunta a recordar que la firma ministerial es, en última instancia, responsable de la forma en que se ejecutan los recursos públicos.
Alak, que era la máxima autoridad del ministerio durante el tramo más crítico de las decisiones cuestionadas, queda señalado por el Tribunal por su rol en la planificación y supervisión del proyecto. La sanción financiera, además de ser una imposición legal, actúa como una advertencia para futuros funcionarios: la delegación de funciones y la extralimitación de competencias tienen consecuencias.
En definitiva, el fallo del Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de cuentas en términos contables, pero no cerró la caja de los problemas administrativos. Aplicó multas y dejó al descubierto una operatoria que, aunque contó con recursos presupuestarios, se alejó de los mecanismos legales de supervisión y autorización. La multa a Alak no es un episodio menor: simboliza la reprimenda institucional ante prácticas que ponen en riesgo los principios de la administración pública.