La Inspección General de Justicia citó a declarar a contadores y auditores de la AFA por irregularidades. Tapia y Toviggino, los principales apuntados
Tapia y Toviggino, los apuntados por la gestión de AFA
La Inspección General de Justicia (IGJ) avanzó sobre los balances de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y citó a declarar a contadores y auditores por presuntas irregularidades en los estados contables de la entidad y la Superliga.
El próximo 20 de enero vence el plazo para que AFA y Superliga presenten los balances contables y financieros que adeudan desde 2017. El organismo de control, que depende del Ministerio de Justicia, exige la justificación de un flujo de fondos por más de 450 millones de dólares.
Desde la IGJ reclamaron la presentación de documentación respaldatoria sobre gastos e inversiones vinculadas con actividades que no estarían contempladas en los estatutos sociales de ambas entidades. El foco está puesto en partidas millonarias que, según el organismo, no cuentan con el nivel de detalle exigido por la normativa vigente.
En concreto, la AFA debe explicar movimientos por 111 millones de dólares, mientras que la Superliga deberá rendir cuentas por otros 340 millones.
La IGJ convocó a los contadores de la AFA y de la Superliga para que brinden explicaciones formales sobre las cifras incluidas en los estados contables y financieros.
“El objetivo es que respondan todas las preguntas vinculadas a las observaciones realizadas, tal como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, señalaron desde el Ministerio de Justicia.
Desde el Ministerio de Justicia insistieron en que la AFA, presidida por Tapia y con Pablo Toviggino como tesorero, es una asociación civil sin fines de lucro. Además, desde el Gobierno ratificaron su “compromiso con la igualdad ante la ley” y sellaron: “Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier asociación o fundación registrada ante la IGJ”.
El Ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona advirtió que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo establecido podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos.