Las implicadas están acusadas de integrar la organización que extorsionó al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos. Seguirán detenidas en Olmos
Tres mujeres seguirán detenidas en la Unidad Penal de Olmos luego de que la Justicia rechazara sus pedidos de excarcelación. Están acusadas de formar parte de una organización que extorsionaba a hombres mediante aplicaciones digitales, entre las víctimas se encontraba el soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la Quinta de Olivos.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la banda también estaba compuesta por tres hombres que actuaban desde cárceles bonaerenses en Magdalena y Lisandro Olmos, además de otra mujer y otras personas que aún no fueron identificadas. La decisión fue adoptada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro.
Según la investigación, la organización habría actuado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, y por el momento se le atribuyen tres hechos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había señalado que siete internos coordinaban las maniobras desde la unidad penitenciaria, mientras que las mujeres cumplían el rol de recaudar el dinero que las víctimas entregaban tras las amenazas.
El expediente se inició el 16 de diciembre, tras el hallazgo del cuerpo del joven de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, quien prestaba servicio de custodia en la residencia presidencial y fue encontrado sin vida en una garita. El soldado dejó una carta dirigida a su familia en la que pidió perdón y manifestó su angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la organización delictiva.
En ese marco, la defensa de tres de las imputadas solicitó su liberación, pero para la fiscalía, si recuperaran la libertad podrían obstaculizar la investigación o escaparse de la Justicia, ya que restan medidas de prueba y no se descarta la participación de más personas.
La jueza coincidió con esos argumentos y resolvió mantener la detención de las acusadas al entender que persisten riesgos de entorpecimiento y reiteración delictiva, mientras se esperan los resultados de los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevas pruebas a la causa.