Ingresó al Concejo Deliberante de La Plata un proyecto para que los deudores de cuotas alimentarias no puedan trabajar en la Municipalidad ni acceder a cargos
Impactará en la Municipalidad de La Plata y trámites locales
En las últimas horas ingresó al Concejo Deliberante de La Plata un proyecto de ordenanza que busca ponerle un freno a los deudores de cuota alimentaria. Si se aprueba, quienes no estén al día no podrán trabajar en la Municipalidad, acceder a cargos públicos, renovar la licencia de conducir o habilitar un comercio.
La iniciativa, que busca que se cumpla efectivamente la ley provincial que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), fue impulsada por la concejala de La Libertad Avanza, María Belén Muñoz, y cuenta con el respaldo de sus compañeros de bloque Guillermo Bardón, María Florencia Defeo y María Florencia Barcia.
Según el articulado, toda persona que aspire a ingresar como empleado municipal o a ocupar un cargo jerárquico en la Comuna deberá presentar un certificado de libre deuda alimentaria, emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Este documento deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días.
El requisito también se extenderá a postulantes a cargos políticos por designación o contrato; personas que soliciten habilitaciones comerciales, licencias, permisos, o exenciones impositivas; y beneficiarios de becas, planes o programas sociales del Municipio.
En el caso de las licencias de conducir profesionales, quienes figuren en el RDAM recibirán un permiso provisorio por 45 días, durante los cuales deberán regularizar su situación. Para acceder a la licencia definitiva deberán presentar un nuevo certificado de libre deuda o constancia judicial de cancelación de la inscripción.
También se exigirá el certificado de libre deuda para realizar transferencias de negocios o actividades comerciales habilitadas por la Municipalidad, tanto para el comprador como para el vendedor.
Además, se faculta al Ejecutivo a designar una autoridad de aplicación, que tendrá la responsabilidad de hacer cumplir la ordenanza, dictar normas complementarias y realizar controles anuales al personal municipal.
En los fundamentos, la concejala Muñoz argumenta que la iniciativa busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, combatir la violencia económica y garantizar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.