El bloque de Unión por la Patria se sumó a la moción de censura contra Guillermo Francos que impulsó Encuentro Federal por no cumplir con la Ley de Discapacidad
La oposición en el Congreso avanza con la intención de remover a Guillermo Francos de su cargo, por considerar que el Gobierno incumple deliberadamente con la Ley de Emergencia en Discapacidad. El bloque de diputados de Unión por la Patria se sumó al pedido de Encuentro Federal.
Según el proyecto de resolución del bloque peronista, el Jefe de Gabinete será citado "a los efectos del tratamiento de una moción de censura y/o, en su defecto, la remoción" de su cargo. El texto aclara que con la "suspensión" de la Ley 27.793, Francos está "incumpliendo de los deberes de funcionario público, avasallando las facultades del Congreso, y atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base de nuestro sistema constitucional".
Asimismo, dejan establecido que "la moción de censura y/o, en su defecto, la remoción del Jefe de Gabinete de Ministros sea resuelta por el pleno de esta Honorable Cámara en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación".
El artículo 101 de la Constitución Nacional indica que, en caso de avanzar con la destitución del funcionario, la oposición podrá lograrlo con la mayoría absoluta de los votos -es decir, la mitad más uno de los presentes-, algo que en Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia por Siempre, la Coalición Cívica y la Izquierda, dan por hecho.
El pedido de interpelación para Francos se basa en la propia Ley de Emergencia en Discapacidad, que expresa que "el jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad".
Para el diputado Maximiliano Ferraro (CC), "con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta” ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. “No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, sumó.