A última hora de ayer, Cristina Kirchner pidió arresto domiciliario sin tobillera tras confirmarse su condena. La fiscalía exige su detención inmediata
La ex vicepresidenta Cristina Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras la fiscalía insiste en su inmediata detención. La ex mandataria tiene cinco días hábiles para ir en persona a Comodoro Py.
En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales
El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.
Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de "inmediata detención" de la ex vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.
Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.
"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados.
Dejarla presa en una cárcel común "de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.
El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".
Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es "completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
Según la ley 24.660 de “Ejecución de la pena privativa de la libertad”, el pedido de Cristina de no usar tobillera o pulsera electrónica podría ser aceptado por el juez. Incluso, podría recibir visitas, mantener comunicaciones –con algunas personas habilitadas por el juez–, seguir trabajando y hasta salir de vez en cuando, en casos excepcionales, como para tratamientos médicos, por ejemplo.
Ahora bien, no puede abandonar el domicilio sin autorización judicial previa –salvo ante una emergencia justificable–, tener contacto con víctimas o testigos si existe una orden de restricción o peligro procesal, usar medios de comunicación para cometer delitos o interferir en la investigación judicial, cambiar de lugar de residencia sin permiso ni obstaculizar las visitas de control.