La extensa sesión de este jueves en el Senado marcó un duro revés para el Gobierno de Javier Milei, que además de tener que aumentarle a los jubilados, también se verá obligado a girar fondos coparticipables a las provincias, de manera automática. Tuvieron media sanción dos proyectos surgidos del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El paquete presentado en conjunto por los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño toca dos puntos sensibles para el superávit fiscal obtenido por la administración libertaria. Con más de dos tercios de los votos, ambas iniciativas pasaron a la Cámara de Diputados.
El primer proyecto tiene que ver con el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incluido en la Ley de Coparticipación Federal. La norma indica que del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.
La iniciativa aprobada este jueves incorpora un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto, en el que se establece que el Fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y diaria, como el resto de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.
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El impuesto a los combustibles líquidos, el otro palo en la rueda de Milei
El otro proyecto dispone la eliminación de 6 fideicomisos y fondos nacionales. Son los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado, y los siguientes fondos: el Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el de Vivienda. La propuesta dispone que el presupuesto asignado a esos fondos sea coparticipado a las provincias de la misma manera que los ATN.
“Los mencionados fideicomisos y fondos nacionales son financiados en forma total o parcial a través del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), mediante asignaciones porcentuales específicas para cada uno de ellos”, se explica en los fundamentos del proyecto.
Y agrega: “Este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas”.
En consecuencia, el proyecto también modifica los coeficientes de distribución del resultado del ICL. Según la ley vigente, sólo el 10,4% va a las provincias. La propuesta lo eleva al 57,02%, pese a que también eleva la participación del Tesoro nacional, aunque en menor proporción (pasa de 10,4% a 14,29%).
Por último, la propuesta dispone que del total correspondiente a las provincias se debe repartir un 25% en partes iguales entre los 24 distritos, y el 75% restante en base a los coeficientes fijados en la Ley de Coparticipación.
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