El Senado de la provincia de Buenos Aires comenzó el debate del proyecto que impulsa controles obligatorios y sanciones para proteger los recursos naturales
El sector agropecuario se plantó ante el proyecto que ingresó al Senado
La Comisión de Asuntos Agrarios del Senado de la provincia de Buenos Aires inició el debate de un proyecto de ley que, bajo la premisa de cuidar los recursos naturales, encendió las alarmas del sector agropecuario y reavivó la discusión sobre el rol del Estado en la producción rural.
La iniciativa, impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia (CIAFBA), busca declarar de interés público el “cuidado integral de los suelos y el agua de uso agropecuario y/o forestal”, y propone un esquema normativo con controles obligatorios, planes de manejo y sanciones que, según sostienen sus detractores, representa una amenaza directa a la propiedad privada, a la libertad productiva y a la seguridad jurídica.
Durante una jornada informativa desarrollada en la Legislatura provincial, autoridades de CIAFBA y especialistas defendieron el proyecto argumentando que el suelo “es un recurso finito, limitado y no renovable” que sustenta el 95% de la producción alimentaria, y alertaron sobre la pérdida de materia orgánica y hectáreas cultivables por erosión desde la década del ’90.
Sin embargo, el contenido del proyecto no tardó en generar un fuerte rechazo entre referentes legislativos y entidades representativas del agro. En concreto, la propuesta establece la obligatoriedad de implementar prácticas sustentables en suelos degradados o en riesgo, y prohíbe la producción en áreas consideradas no aptas, habilitando incluso la creación de “Distritos de Cuidado del Suelo y el Agua”, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario.
Además, impone la presentación de planes de uso y manejo elaborados por profesionales matriculados, con una duración mínima de cuatro campañas agrícolas y una articulación obligatoria con productores vecinos “cuando sea necesario”. Quienes cumplan con la normativa accederán a beneficios fiscales -como deducciones en ingresos brutos y sellos- y créditos blandos, mientras que quienes no lo hagan podrán ser excluidos de programas de fomento y enfrentar multas aún no especificadas.
Desde el arco opositor no tardaron en llegar las críticas. El senador bonaerense de la Coalición Cívica ARI, Luciano Bugallo, fue uno de los primeros en manifestarse: “Este proyecto, aunque suene bien, es muy peligroso. En manos equivocadas, puede transformarse en una herramienta de persecución, un mecanismo de control estatal que viola la propiedad privada y aumenta el gasto público y la burocracia”.
Bugallo cuestionó el corazón del proyecto: la obligatoriedad de los planes de manejo y la intervención estatal en decisiones productivas. “El productor pierde autonomía. Ya no decide libremente qué sembrar, cómo rotar cultivos o cómo manejar su campo. Todo queda atado a la autorización de burócratas y técnicos”, advirtió en sus redes sociales.
A esta visión se sumó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, quien denunció que la propuesta “avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y estructuras burocráticas que no contribuyen al verdadero cuidado del recurso”.
CARBAP cuestionó especialmente la generalización de las obligaciones, el riesgo de que se encubran nuevas cargas fiscales a través del Fondo Provincial previsto por la norma, y lo que consideran un intervencionismo innecesario en las prácticas productivas del campo bonaerense.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) expresó su preocupación y convocó a las instituciones del sector a “no avalar normas que atenten contra el desarrollo y el crecimiento del país”. En un comunicado, la entidad fue tajante: “Nadie puede arrogarse el derecho de legislar sobre el buen uso del suelo subestimando a las fuerzas del campo y de los productores”.
Además, advirtió sobre los riesgos económicos que una medida de este tipo podría generar: “El crecimiento de la Argentina sólo será posible si se apoya en las fuerzas individuales de los trabajadores, la inversión privada y el conocimiento aplicado a la producción. Para ello se requieren reglas claras y estabilidad jurídica”.
Mientras el oficialismo busca avanzar con una legislación que ponga en el centro la cuestión ambiental y la preservación de los recursos naturales, desde la oposición y el sector agropecuario insisten en que ya existen herramientas técnicas y profesionales para garantizar un uso responsable del suelo sin necesidad de nuevas imposiciones estatales.
El debate, que recién comienza en el Senado provincial, pone sobre la mesa una tensión que acumula años con el eje en la pregunta: ¿hasta dónde puede intervenir el Estado en las decisiones productivas privadas?