El proyecto de la nueva Ley Penal Juvenil obtuvo media sanción en la Cámara baja y ahora deberá aprobarse en el Senado. Los principales cambios que propone
El Congreso debate la nueva Ley Penal Juvenil
Marina EspecheCon el tablero todavía caliente tras la votación en la Cámara baja, el bloque de La Libertad Avanza acelera el paso para aprobar el proyecto de Ley Penal Juvenil y ya pone la mira en el Senado. El proyecto que salió del Gobierno reabre una discusión histórica y sensible, con impacto directo en el sistema penal argentino.
La pieza central del texto es la baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en la Argentina. Es decir, a partir de su eventual sanción definitiva, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente bajo un régimen especial.
El proyecto propone reemplazar la normativa vigente, que arrastra su origen desde la última dictadura militar. La iniciativa establece un régimen específico para menores de edad, con un abanico de sanciones que van desde medidas alternativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves.
Además, la nueva ley prohíbe la prisión perpetua para menores y dispone que, en caso de encierro, este deberá cumplirse en establecimientos especiales, separados y alejados de los adultos. La premisa es evitar la mezcla con población carcelaria mayor, una de las principales críticas al esquema actual.
El texto aprobado fija criterios diferenciados según la gravedad del delito. Para hechos con penas menores a 3 años, se descarta la prisión. En el caso de delitos con penas de entre 3 y 10 años que no hayan provocado muerte o lesiones graves, se priorizan sanciones alternativas con enfoque social y educativo.
Por último, en los casos más graves la pena podrá llegar hasta 15 años. El oficialismo sostiene que el régimen incorpora herramientas de resocialización y un menú de sanciones no privativas de la libertad, con el objetivo de evitar que el encierro sea la única respuesta del Estado.
Uno de los capítulos que más tensión generó fue el financiamiento del nuevo sistema. El diputado Maximiliano Ferraro propuso un mecanismo de asignación directa de recursos, pero la iniciativa fue rechazada.
Es que la postura del oficialismo fue avanzar mediante la firma de convenios entre Nación y provincias para garantizar la implementación del régimen. En ese punto, una de las incógnitas que se trasladará al Senado es cómo se financiarán los dispositivos especiales de alojamiento y las políticas de acompañamiento.
Con la media sanción ya en el bolsillo, el debate se muda ahora a la Cámara alta. El 26 de febrero asoma como fecha clave en una discusión que recién empieza.