El Gobierno de la Nación presentó este jueves un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, con el fin de impugnar la decisión de primera instancia que obliga a Argentina a entregar las acciones de YPF como parte del pago de una condena superior a los 16.000 millones de dólares, correspondiente a la expropiación de la petrolera.
Con esta medida, el Ejecutivo se anticipa y no aguarda la resolución de la jueza Loretta Preska, quien debía decidir si aceptaba o no el pedido de suspensión de la entrega de acciones, rechazado previamente por los demandantes. La apelación fue presentada antes de que venciera el plazo establecido por la magistrada, que estipulaba para el lunes 14 la entrega a custodia en un banco de Nueva York del 51% de las acciones de YPF, con el fin de cumplir con la sentencia que favorece a los fondos Burford y Eton Park, principales beneficiarios del fallo.
Cabe recordar que el 30 de junio, Preska había dictado el fallo que obligaba a la Argentina a cumplir con la resolución. Sin embargo, el Gobierno había solicitado a la jueza la suspensión de la entrega hasta tanto pudiera presentar formalmente su apelación, en virtud de lo excepcional de la situación y el grave perjuicio que implicaría para el país el cumplimiento de la sentencia. Además, destacó que cualquier cambio en la propiedad accionaria de YPF debería contar con la aprobación del Congreso Nacional.
De este modo, el conflicto por la expropiación de YPF continúa en el ámbito judicial, con la Argentina intentando evitar la ejecución de la sentencia mientras persisten los litigios por la compensación económica a los fondos que demandaron al país.