El gobierno de Javier Milei habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales en más de 6.000 kilómetros
Aseguran que las rutas están en una situación "muy grave"
El Gobierno de Javier Milei avanza con la posibilidad de privatizar casi 6.000 kilómetros de autopistas y rutas en todo el país. Tal como anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, se habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales.
Según indicaron, el 45% de las rutas que operaba Corredores Viales está en estado crítico, los contratos de obra siguen paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica. Se trata de la empresa pública que tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, como también las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
Al respecto, desde Casa Rosada indicaron que los interesados, a cambio de obras se quedarán con el cobro de los peajes. Por su parte, Adorni, dijo que a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura, a través de la participación del sector privado encargado de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios.
"Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos", dijo Adorni.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones.
Entre esas acciones, promoverá la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.
Según el Gobierno, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública.
Adorni argumentó también que, en 2023, la empresa registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por $268 mil millones.