La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar el DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de un clima de extrema tensión en la antesala a una marcha de jubilados y un Congreso sitiado. Dentro del parlamento, los gritos entre los parlamentarios copó el escenario.
La sesión comenzó con un ambiente caldeado que se mantiene entrado el mediodía y, entre gritos y acusaciones entre los distintos bloques, el cuerpo aprobó la propuesta de labor parlamentaria con 141 votos afirmativos y 95 negativos, estableciendo el esquema de debate para el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025.
Tras esto, los diputados debatirán durante toda la tarde el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo que habilita al presidente Javier Milei sin trabas con el FMI. El oficialismo confía en tener el apoyo del PRO, algunos sectores de la UCR y la Coalición Cívica, y bloques aliados provinciales para obtener luz verde.
Vale recordar que un Decreto de Necesidad y Urgencia requiere el rechazo de ambas cámaras para su derogación. En otras palabras, con el aval de una sóla cámara del Congreso Nacional, el DNU regirá para siempre.
Los detalles del DNU
Según explica el Gobierno nacional en los considerandos del Decreto 179/2025, la medida tiene como objetivo cancelar parte de la deuda que el Tesoro mantiene con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) - valuadas según el organismo en unos US$23.000 millones- y afrontar vencimientos de créditos tomados con el organismo internacional en el marco del acuerdo firmado en 2022.
Esta maniobra es cuestionada por especialistas ya que significaría un cambio de acreedor de deuda. Una vez que el Gobierno cancele los bonos, el Tesoro cubrirá los compromisos con el BCRA, pero luego deberá cumplir con el Fondo.
"Esto es cambiar deuda interna del Estado consigo mismo, entre sus propios organismos, entre sus propias cajas, por deuda con un actor externo del Estado argentino. Es aumentar la deuda, y no hay ningún tipo de duda sobre esto", explicó Martín Kalos, economista de la consultora EPyCA.
Según el artículo 1° del decreto, las operaciones de crédito público aprobadas bajo este programa tendrán un plazo de amortización de 10 años, con un período de gracia de 4 años y 6 meses. Es decir, si el nuevo programa -que aún no está sellado ya que restan acordar puntos- tuviera como fecha de vigencia a partir de fines de abril, la devolución al FMI recién arrancaría en octubre de 2029.
Asimismo, el DNU establece que el Gobierno nacional suscribirá los instrumentos necesarios para cumplir con la medida y podrá delegar la ejecución del programa en el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. Sin embargo, se desconocen detalles claves del acuerdo como fondos y cronograma de desembolso.
El Gobierno justificó la urgencia del decreto argumentando que es necesario fortalecer la posición financiera del Banco Central, garantizar la estabilidad macroeconómica, reducir las restricciones cambiarias y continuar con la política de disminución de la inflación.