El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, anunció días atrás que hubo un nuevo acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo fue decretado por el presidente Javier Milei, sin aval del Congreso de la Nación, y sobre ello, el titular de la cartera de Economía detalló que será por USD 20.000 millones, que tiene como objetivo reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y facilitar la eliminación de las restricciones cambiarias que limitan los negocios y la inversión en el país.
Cabe resaltar que una parte de los 20.000 millones de dólares se destinará a cancelar la deuda del Tesoro Nacional con el BCRA, emitida en Letras Intransferibles, las cuales deben devolverse en dólares. Esta situación, está a la vista que reducirá la deuda interna con el BCRA -aunque con un costo de intereses mayor- pero incrementará la deuda externa con el FMI.
En principio, no se proporcionó información sobre los fondos que desembolsará el FMI, las condiciones que estipulan y las metas que el organismo impondrá como condición para realizar los pagos. En esa línea, en la Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros de América Latina, Caputo detalló el monto y también que el acuerdo tendrá un plazo de pago de diez años, con un período de gracia de cuatro años, en tanto, el Secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, señaló que la tasa del nuevo préstamo será del 5,63%.
Esta tasa se sumará al interés sobre el stock actual de deuda con el FMI, que asciende a aproximadamente 41.000 millones de dólares. Esta medida busca liberar recursos en el corto plazo y mejorar la posición de reservas internacionales del BCRA. Sin embargo, persiste la incertidumbre en los mercados financieros debido a la falta de detalles sobre las condiciones del préstamo y las políticas cambiarias que se implementarán.
Por otro lado, en el mismo acto, el Ministro de Economía confirmó que el Ejecutivo está negociando con otros organismos para aumentar el colchón de dólares que podrían ingresar a las arcas nacionales: “Estamos negociando con el BID, CAF y el Banco Mundial un paquete adicional de libre disponibilidad para reforzar las reservas del Banco Central”. Con estos fondos adicionales, remarcó, las reservas brutas subirán en torno a los USD 50.000 millones.
Al respecto, la consultora en economía y empresas Ecolatina, destacó que con este acuerdo el Gobierno ratifica la ambiciosa meta de superávit fiscal primario de 2% del PBI, cuando antes era de un déficit de 0,9%; además, se establece una meta de acumulación de 10.000 millones de dólares en reservas netas en 2024, permitiendo contabilizar los USD 2.700 millones acumulados en las últimas semanas de diciembre y se confirma la vocación por terminar con el financiamiento monetario del déficit fiscal.
La Justicia le pidió al Gobierno los detalles del acuerdo con el FMI
Luego del anuncio y en el marco de una presentación ante la Justicia para declarar inconstitucional el DNU 179/2025, que le da al presidente Javier Milei facultades que le son propias al Congreso para negociar con el Fondo Monetario Internacional, la Justicia Federal le pidió al Gobierno Nacional que brinde detalles acerca del acuerdo.
En la presentación, los demandantes piden que se declare “la nulidad absoluta e insanable y la inconstitucionalidad del DNU 179/2025 y de cada uno de los actos que deriven de su vigencia o llevados a cabo en su cumplimiento”. Ya que aducen que el Decreto de Necesidad y Urgencia viola varios artículos de la Constitución Nacional, así como la auto delegación por parte del presidente de facultades que son exclusivas del Poder Legislativo.
Por otra parte, en los fundamentos de la presentación aparecen cuatro claves. La primera es que el Gobierno se "auto delegó facultades legislativas" y aprobó "operaciones de crédito público futuras con el FMI sin especificar el contenido del programa ni establecer límites o bases para la negociación".
La segunda es que el DNU "no cumple con los requisitos de ser sobre materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado y con bases establecidas por el Congreso". En tercer lugar plantean que la Casa Rosada "no justifica la necesidad y urgencia (del DNU) para obviar el trámite legislativo ordinario, ya que el Congreso se encuentra en sesiones" y remarcan que, por ese motivo, no respeta el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. "El DNU no responde a una situación coyuntural, sino que pretende establecer una norma permanente derogando implícitamente la Ley N° 27.612 que exige la aprobación del Congreso para acuerdos con el FMI".
Por último, el documento remarca que con la autodelegación de facultades legislativas para endeudar al país sin límite, el Presidente "se arroga una supremacía que podría poner en riesgo la fortuna de los argentinos" y supone además una potencial violación al artículo 29 de la Constitución.
Frente a esto, desde el organismo internacional pueden argumentar la posibilidad de brindar el préstamo debido a que en el primer año de gestión de Milei tuvieron apoyo político, como por ejemplo la aprobación de la Ley Ómnibus y la gestión del conflicto social como claves de la implementación del programa económico que se exige: una situación socioeconómica compleja en el arranque y sujeta a un deterioro adicional en las condiciones de vida y finalmente el rol que pueda desempeñar la Justicia en trabar el avance de ciertas medidas”. Por eso, es posible que con el objetivo de cumplir con las metas fiscales impuestas por el FMI, es posible que se implementen medidas que afecten programas sociales o subsidios a servicios públicos. La falta de detalles sobre las condiciones del préstamo y la implementación de políticas cambiarias genera incertidumbre, lo que podría afectar la confianza de los inversores y de los consumidores.
