El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó detalles del caso que sacude a la Policía Bonaerense
Javier Alonso negó "persecución política"
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, negó que el apartamiento de 24 agentes de la Policía Bonaerense responda a un caso de “persecución política” y confirmó que “filtraban información” al legislador liberal Maximiliano Bondarenko.
“Ellos empiezan a dar asesoramiento en materia de seguridad. Además, facilitan información a los legisladores sobre operativos policiales. Se está castigando porque están desarrollando una actividad que está prohibida”, expresó el ministro en declaraciones a la prensa.
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima recibida por Asuntos Internos. El ministro explicó que no se trata de despidos, sino de una medida de desafectación preventiva mientras avanza la causa administrativa: “No es por su ideología, es por usar el uniforme para algo que está expresamente prohibido”.
Según Alonso, los efectivos estaban vinculados a Maximiliano Bondarenko, excomisario retirado y actual candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. “ Tenemos un jefe policial que subordinó a otros oficiales y que tiene un vínculo directo con Bondarenko”, expuso. De acuerdo a fuentes que siguen el caso, el jefe policial y el candidato son compadres, compartieron un juicio de usucapión por terrenos en City Bell.
Lo más grave, según el ministro, es que usaban instalaciones oficiales -oficinas y salones- para organizar actividades políticas y alimentar con información confidencial a actores partidarios. “Lo que no se permite bajo ninguna circunstancia es usar el aparato policial para fines políticos”, remarcó Alonso.
El propio ministro confirmó que la denuncia fue enviada desde adentro del grupo: “La información salió de uno de ellos cuando se conoció la candidatura de Bondarenko. No podemos permitir que se filtre información sensible desde dentro de la fuerza. Esa confianza es irrecuperable”.
Desde la cartera de Seguridad explicaron que la decisión de apartarlos busca preservar las pruebas y garantizar que no interfieran en la investigación. “Tienen derecho a defenderse, pero por el momento no pueden seguir cumpliendo funciones”, concluyó el funcionario.