Diferentes espacios de la oposición presentarán el lunes el pedido de Juicio Político a Javier Milei por alentar una posible estafa a través de la cripto $Libra
Como anticipó El Editor Platense, este lunes será un día movido en el Congreso de la Nación, ya que diferentes espacios de la oposición elevarán el pedido de Juicio Político a Javier Milei por el escándalo de las cripto $Libra.
La acusación será “por mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, luego de que el primer mandatario publicitara en su cuenta de X un token que terminó con pérdidas millonarias para cientos de personas que confiaron en la recomendación presidencial.
Dos entidades que jugarán un papel crucial en este proceso son la Comisión Nacional de Valores y la Oficina Anticorrupción. Estas instituciones están encargadas de regular y supervisar las actividades financieras y de prevenir actos de corrupción, respectivamente.
Su participación será fundamental para investigar las denuncias en contra de Milei y determinar si existe mérito suficiente para avanzar con el juicio político.
El juicio político es el método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país. Está a cargo del Congreso de la Nación y sólo puede alcanzar al Presidente, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete de Ministros y los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El proceso se inicia en la Cámara de Diputados. Cualquier funcionario o ciudadano puede presentar un pedido de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, que podrá ser aceptado o no por la Comisión de Juicio Político.
Si se lo considera admisible, la Comisión pone en marcha un sumario de investigación tomando las medidas del caso, incluida la declaración del imputado. Una vez que se concluye la investigación, hace falta la emisión de un dictamen, que se aprueba por mayoría simple, para que se inicie el Juicio Político o se desestime.
Para que la Cámara baja se transforme en acusadora, hacen falta los dos tercios de los votos. Alcanzado ese número (algo que exige un importante consenso político) la Cámara elige a uno o dos diputados que serán los encargados de presentar la acusación ante el Senado, que se constituye en la encargada de resolver el caso.
Para alcanzar la destitución hacen falta los votos de por lo menos los dos tercios de los senadores presentes.