La CTA Autónoma difundió este miércoles un informe con las cifras que dejó el Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich en los últimos dos años
Los números del Protocolo de Patricia Bullrich
Marina EspecheEl Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma dio a conocer este miércoles un informe que da cuenta del impacto del Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich, la herramienta del Ministerio de Seguridad para aplacar la protesta social. Según el relevamiento, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se registraron 103 represiones estatales en todo el país.
El saldo de los operativos fue de 2.615 personas heridas -algunas de extrema gravedad como el fotógrafo Pablo Grillo-, un muerto, y 491 detenidos. Además, se registraron al menos 5 casos graves de manifestantes que perdieron la vista de un ojo por el impacto de proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad. "Estas cifras exponen un patrón de violencia sistemática destinado a disciplinar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta", afirmaron desde la CTA Autónoma.
Por otra parte, el informe asegura que "esta política se ha visto agravada por la aplicación de detenciones prolongadas más allá de las 24 horas legales, una práctica ilegítima que busca maximizar el castigo y la intimidación". Asimismo, menciona casos emblemáticos de esta estrategia, que "han sido registrados en las ciudades de Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, donde manifestantes fueron privados de su libertad por períodos excesivos sin causa justificada. Esta modalidad constituye una detención arbitraria que viola garantías constitucionales básicas y refuerza el carácter punitivo de la respuesta estatal al conflicto social", remarcaron.
Hace una semana se conoció la resolución de la Justicia Federal que puso un freno al protocolo represivo que el Ministerio de Seguridad de la Nación viene aplicando contra las protestas sociales. El tribunal consideró que el protocolo impulsado por Patricia Bullrich constituye un régimen normativo “restrictivo del derecho a la protesta”. Pese a esta resolución, el Gobierno apeló la medida para mantener activo su accionar.
"Este freno legal al protocolo represivo resulta fundamental de cara a las luchas sociales que están en curso, ya sea por la pérdida de puestos de trabajo, los recortes salariales y jubilatorios, la defensa de los recursos naturales, la resistencia a la reforma laboral o la solidaridad con otros pueblos hermanos", sostuvieron desde la CTA Autónoma.