La Justicia ordenó al Estado entregar información sobre el financiamiento científico, tras denuncias que ocultan el “cientificidio” en Argentina
En un fallo que resuena como una victoria para la transparencia y la defensa de la ciencia en Argentina, la Red Argentina de Instituciones Científicas y Tecnológicas ( RAICYT) logró que la Justicia haga lugar a un recurso de amparo contra el Estado Nacional.
El juez ordenó al Poder Ejecutivo entregar en un plazo de 15 días información detallada sobre el financiamiento del Sistema Científico-Tecnológico argentino, tras constatar que las respuestas previas fueron “incompletas, evasivas y genéricas”.
Todo comenzó el 5 de diciembre de 2024, cuando RAICYT presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer el estado del financiamiento del sistema científico nacional. Las respuestas del Ejecutivo, lejos de ser claras, remitieron a sitios web con datos desactualizados o insuficientes y omitieron detalles sobre programas específicos, acciones y recursos exigidos por ley.
Ante esta situación, RAICYT, asesorada por los abogados Jerónimo Guerrero Iraola, Mariana A. Katz y Joaquín Benavidez, decidió llevar el caso a la Justicia.
El Estado Nacional intentó desestimar la acción, argumentando que ya había respondido, cuestionando la competencia territorial y acusando a los miembros de RAICYT de actuar con “intereses políticos”.
Sin embargo, el juez rechazó estos planteos y confirmó la validez del amparo, señalando que la información proporcionada no cumplía con los estándares de “claridad, precisión y completitud”. En su fallo, ordenó al Ejecutivo entregar en un plazo máximo de 15 días los datos solicitados, fundamentales para transparentar el uso de recursos públicos en ciencia y tecnología.
“El acceso a la información pública es un derecho fundamental para la vida en democracia, y el Poder Judicial ha determinado que se nos vulneró”, celebró RAICYT en un comunicado.
La organización, que se define como “patriotas en defensa de la Ciencia y la Tecnología”, prometió compartir públicamente la información una vez obtenida, con el objetivo de visibilizar el estado del sistema científico y denunciar lo que consideran un desmantelamiento deliberado.