Motosierra sin respiro.

Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica

Tras vetar la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei también rechazó la Ley de Emergencia Pediátrica

11 de septiembre de 2025 - 08:20

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se argumentan en la necesidad de preservar el "equilibrio fiscal" y evitar lo que la administración libertaria considera un "aumento desmedido e irresponsable del gasto público".

El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional, y entre sus fundamentos destaca que va en contra de su política de déficit fiscal cero.

De acuerdo al documento, el Gobierno estimó un “impacto fiscal directo” de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley y aduce que este gasto debería financiarse con “reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias”.

Esto, subrayaron, “inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias”.

Los argumentos del veto de Milei

Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con “un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)”.

El decreto sostiene que el proyecto “carece de un financiamiento genuino”, tiene una redacción “ambigua que fomenta la arbitrariedad”, “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.

“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluyen los fundamentos.

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