La semana que viene se conocerían que barrios podrían aprobarse y el Municipio comenzará a evaluar “caso por caso”
El Gobierno provincial validó este miércoles el nuevo Código de Planificación Territorial (COT) que el mes pasado sancionó el Concejo Deliberante para reglamentar el aprovechamiento del suelo en el distrito. Ahora, la Comuna de La Plata dará comienzo formalmente a la evaluación de cada uno de los cerca de 450 loteos que contaban con irregularidades, de los cuales, se calcula, menos de la mitad podrían regularizarse.
La disposición del ministerio de Gobierno bonaerense figura ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, contando con el respaldo de los ministerios de Ambiente y de Infraestructura. Y se presenta como el pilar fundamental del conflicto señalado en septiembre del año pasado, cuando el jefe comunal, Julio Alak, ordena la suspensión de las obras de edificación de estos complejos, por su carácter de “clandestinos”.
Es que estos asentamientos, originados en su mayoría en los últimos diez años, contaban con visto bueno municipal, a pesar de que las normativas que los habilitaban —unas 60— estaban cuestionadas por el Estado provincial, responsable de otorgar la aprobación definitiva en la gestión del territorio en los partidos bonaerenses, según establece el decreto ley Nº8.912/77.
De acuerdo con lo expresado en los fundamentos de la disposición difundida ayer, la Provincia informó al Municipio, en distintos periodos del mandato previo, que “las directrices de planificación territorial son de índole pública y general y por ende no permiten abordajes o normativas específicas”, y que “sería pertinente realizar una revisión integral de los procesos urbano-territoriales y una actualización normativa completa vigente”, la ahora modificada ordenanza Nº10.703.
Por esta razón, en la Comuna consideraron ayer como “una meta alcanzada” la aparición de la validación de la modificación del COT, la nueva disposición Nº12.638/25, que el Concejo Deliberante platense aprobó el pasado 29 de abril por unanimidad. Fue a partir del impulso de una propuesta elaborada por el Departamento Ejecutivo y el Consejo de Planificación Urbana Territorial (COUT), que estableció tres zonas claramente diferenciadas sobre dónde se puede edificar el distrito, dónde debe continuar siendo área rural y dónde se impiden desarrollos por ser sectores de alto peligro de anegamiento.