En la jornada de ayer el denunciante Guillermo Andreau declaró ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de sobornos por parte de la administración del ex intendente Pablo Bruera para habilitar rezonificaciones de tierras y apuntó contra un presunto “mecanismo de corrupción” que nació durante la gestión de Julio Alak y fue “usufructuado” por su predecesor.
En su presentación ante los jueces…., el denunciante retrocedió hasta mayo de 2000 cuando se reunió con el entonces intendente Julio Alak por la clausura de su boliche bailable ‘Los Naranjos’ y que se replicó en distintos negocios del mismo rubro. “Me reuní con él y representantes de la Cámara de Comercio. Ahí, el intendente nos dice que si queríamos reabrir teníamos que convencer a (Jorge) Campanaro que apruebe las modificaciones que el oficialismo le había hecho al Código de Ordenamiento Urbano”, relató Andreau según dicta el documento judicial al que accedió este medio.
Campanaro era el presidente de la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante y que integraba el espacio bruerista que había roto con el mandatario. Días después, continuó relatando el denunciante, se reunió con el edil y le confesó que el espacio no aprobaría las 182 modificaciones al COU que habilitaba, entre otras cosas, la construcción de boliches fuera del casco urbano. Finalmente, la iniciativa es aprobada por el Concejo Deliberante con el aval de Campanaro.
“Al margen de haberlo visto en alguna oportunidad ocasionalmente, la próxima vez que vi a Campanaro fue en 2012”, señaló Andreau y aclaró que en ese encuentro el exsecretario de Gestión Pública le explicó que el pago de 220 mil dólares que le habían pedido para aprobar una rezonificación era “una colaboración”. “Y me dijo que iba a consultarle a Pablo Bruera para hacer una quita”, ahondó y precisó que en ese momento era Jefe de Gobierno. “Lo que empezó en el año 2000 con Alak fue usufructuado por Bruera y Campanaro”, planteó.
Esta nueva línea de investigación se desprende de la causa madre que inició en 2014 a raíz de una denuncia del empresario Andreau, quien intentó rezonificar tierras para volcarlas al mercado inmobiliarios y recibió un pedido de coima por parte de la gestión de Bruera para acceder a la habilitación.
En el marco de esa causa, Mariano Bruera fue condenado en primera instancia a seis años de prisión y 10 de inhabilitación para el ejercicio de la función pública; al tiempo que La Justicia condenó a ocho años de prisión al ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, mientras que el ex director de Planeamiento, Gustavo Petro, fue absuelto. En tanto, el empresario Gustavo Orlandi, acusado de pagar coimas, fue condenado a tres años de ejecución condicional.