El 15 de octubre, el Ministerio de Capital Humano anunció que la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Rodolfo Barra, había firmado un dictamen que habilitaba a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar controles sobre las universidades. A pesar de que el texto aseguraba que esto no pondría en riesgo la independencia administrativa y financiera de las instituciones de educación superior, la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió iniciar acciones legales en respuesta a lo que considera un “intento de intervención” del Ejecutivo.
La Ley de Educación Superior (24.521) establece que las universidades nacionales gozan de autarquía económico-financiera, por lo que en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Consejo Superior de la UBA, el rector Ricardo Gelpi, acompañado del vicerrector Emiliano Yacobitti y los decanos, expresó su preocupación. Gelpi enfatizó la necesidad de aclarar la situación en torno a las auditorías y la intervención de la SIGEN.
La UBA también anunció una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno. Según Gelpi, la universidad se considera uno de los entes más auditados del sector público y busca ofrecer un espacio para explicar aspectos técnicos relacionados con el tema, sin dejar de lado las cuestiones ideológicas o legales.
“Queremos ser auditados todo lo que sea necesario, pero dentro del marco de las leyes e instituciones. Por eso decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida el procedimiento correspondiente. Nosotros entendemos que no corresponde, pero acataremos lo que el Poder Judicial decida”, declaró Gelpi.
Sin embargo, un documento de la Sigen revela que la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89% de los fondos recibidos a través de programas como el FUNDAR, que destina recursos a proyectos para el desarrollo nacional y regional. Esta cifra asciende a aproximadamente $8000 millones, sobre los cuales no se ha aclarado su destino ni uso. Además, la UBA también enfrenta un interrogante sobre el uso de otros $500 millones destinados a infraestructura entre 2015 y 2019.
