Un hecho que tuvo lugar en el año 2015, volvió a salir a la luz en los últimos días cuando la Justicia bonaerense citó a testigos para que brinden testimonio en el juicio oral que investiga a Oscar Cuartango, quien fue ministro de Trabajo durante el mandato de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.
Tal como dicta la información a la que tuvo acceso este medio, a Cuartango se lo imputó por el delito de peculado y concusión, es decir, corrupción cometida por ser un funcionario público que habría abusado de su cargo para exigir dinero a cambio de puestos de trabajo y/o un porcentaje de los sueldos de las personas contratadas.
En la causa -que se dio a conocer en 2017-, se investiga al exministro de Trabajo por haber cobrado de forma indebida más de 1.500.000 pesos, después de nombrar a 36 trabajadores en enero de 2015. Los mismos empezaron con sus funciones en julio de ese año, pero se les pidió el retroactivo que percibieron en el primer semestre. Según la investigación cada uno de ellos tuvo que entregar cerca de 50.000 pesos, e incluso, varios lo hicieron bajo amenazas porque si no daban, podrían perder el puesto de trabajo.
Cabe mencionar que además de Cuartango, también están bajo la lupa otros funcionarios: la directora general de Administración, Graciela Rolhaiser; el director de Contabilidad, Ariel Marcatili; su par de Personal, Diego Podaschevsky; el de Asuntos Legales, Ricardo Narbais; Celina Sarraua y dos empleados, quienes formaron parte del circuito ilegal de liquidación de sueldos con el que defraudaron a la administración pública.
Tal como denunciaron los damnificados, los delitos se cometieron entre julio y noviembre de 2015 y, el dinero recaudado, habría sido destinado a la campaña presidencial de Daniel Scioli. Hubo casos que afirmaron haber sido extorsionados por miembros de la cartera de Trabajo, para entregar entre 11.000 y 14.000 pesos, es decir, el equivalente al 80% de su salario, entre enero y noviembre de dicho año.
Es importante mencionar que en 2017, Cuartango presentó un escrito ante Jorge Paolini, en el cual negó la acusación de peculado o concusión y además, afirmó haber trabajado honestamente, pese a que algunas de las extorsiones habrían sido presentadas a la Justicia, en formato de grabación. Por su parte, solicitó que dado el momento del juicio, se cite a aquellos testigos que lo acusan, para poder encontrarse frente a frente.
No se trata de un caso aislado el de Oscar Cuartango, al hacer un recorrido por la gestión de Daniel Scioli en el territorio bonaerense, su exjefe de Gabinete pasó por una situación similar. Alberto Pérez fue imputado en 2017 por "peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público", junto con el exdirector de Administración de esa dependencia, Walter Carbone.
La denuncia fue presentada por la entonces diputada Elisa “Lilita” Carrió, en la que también incluyó al exgobernador. El juez en esa oportunidad consideró que estaba probado que entre 2014 y 2015, los denunciados “sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de $10.720.347 destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas".
Asimismo, se afirmó que “dicha maniobra pudo concretarse por la participación necesaria de la directora general de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, quien emitió las órdenes de pago en efectivo y luego aprobó las rendiciones efectuadas por los funcionarios con las facturas apócrifas para que el gasto se impute como presupuestario, y por la participación también necesaria de la contadora fiscal delegada de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, quien refrendó las órdenes de pago en efectivo, y luego junto con la directora general de Administración aprobó las rendiciones efectuadas con facturas apócrifas". Por todo esto, en la causa “existen elementos suficientes para sospechar que Alberto Pérez y Walter Edgardo Carbone, resultan ser coautores penalmente responsables de los hechos".
En la investigación judicial, se subrayó que Pérez dispuso el pago en efectivo en cada una de las ocasiones, favoreciendo a Carbone, “de ese modo, los funcionarios se aseguraban la suma de dinero en efectivo y la eliminación total de los controles”. También, en la lista de irregularidades, agregaron que “las facturas presentadas para la rendición ni siquiera cumplían las exigencias mínimas de la AFIP para la determinación de los precios unitarios facturados, circunstancia de la que el entonces ministro como máximo responsable del gasto ministerial no podía desvincularse”.
Por todo esto, el Fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, solicitó en ese momento, la inhibición general de bienes (por hasta 15 millones de pesos) y la prohibición para salir del país, tanto para el exjefe de gabinete bonaerense, como también para Carbone. Sin embargo, nunca pidieron la detención. No hay un sólo administrativo de Scioli que haya sido detenido, sí imputados.
En las próximas semanas, el Juzgado Correccional N° 1 de La Plata recibirá a testigos claves en la causa que investiga a Cuartango y demás nombrados. Será un debate en medio del juicio oral y público que acordará el camino a seguir de este funcionario que supo ser persona de confianza -como tantos otros- de Daniel Scioli.
Esta instancia se da justo cuando el exgobernador y exvicepresidente está en la vereda de enfrente, con el gobierno de La Libertad Avanza, por lo que se presupone que no tendría tanta injerencia en la toma de decisiones como supo tener años atrás. Podría esta sentencia determinar qué camino seguirá la Justicia, con respecto a la lista de políticos imputados en distintas causas de corrupción, sean del Partido que sean.