En la semana previa al 10° aniversario de la inundación del 2 de abril de 2013, víctimas del trágico temporal denunciaron que el intendente Julio Garro les impide el acceso a la información pública sobre las obras que se realizaron y las medidas que se dispusieron para afrontar un hecho de similares características.
La organización ‘Inundados de La Plata’, con el apoyo jurídico de la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental (UNLP), solicitaron al Municipio que provea información pública sobre el proceso previo a la declaración de la Emergencia Climática dictada por el Concejo Deliberante en mayo del 2022.
“Solicitamos que se garantice el cumplimiento del programa con todas las etapas de información y participación previa en el procedimiento de la adopción de decisiones relacionadas a la Ordenanza N°12233”, explicaron los frentistas.
Según consideraron, la mencionada medida fue “tardía y escueta”, al tiempo que despertó una ola de cuestionamientos respecto a las medidas que se aplicaron en materia climática desde entonces.
En este sentido, consideraron que las autoridades no respetaron el Acuerdo de Escazú y el artículo 184 de la Constitución bonaerense que obliga a la Comuna a dar publicidad de las medidas aplicadas.
“El pasado lunes 20 de marzo, vencidos los plazos legales que tiene la municipalidad de brindar la información solicitada, hemos presentado un pronto despacho para que el Intendente se digne a cumplir con las leyes y acuerdos vigentes”, explicaron.
Además, las víctimas de la trágica inundación solicitaron información sobre el “real cumplimiento respecto al proyecto PRRI (Plan de Reducción del Riesgo en Inundaciones) presentado por la UNLP al Municipio en octubre 2019”. Tampoco hubo una respuesta.