El gobierno, a través de la vicepresidenta Victoria Villarruel, convocó a última hora de ayer a una sesión en el Senado el próximo miércoles a las 10 horas para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal. Desde La Libertad Avanza confirman que están los votos para que se apruebe en general, pero anticipan que podrían caerse algunos puntos claves en el tratamiento en particular.
La administración de Javier Milei necesita la aprobación de la Ley Bases para desregular la economía y atraer inversiones e introducir cambios en las normas laborales. No obstante, desde Casa Rosada saben que afrontan un escenario complejo en la discusión de algunos puntos claves como facultades delegadas, privatizaciones y restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.
El eje Privatizaciones es el más complicado y se trata de una bandera que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no quiso ceder. Si el oficialismo se estanca en la negativa a los pedidos de la oposición dialoguista, los votos negativas podrían hacer caer el capítulo completo que incluye la venta de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, y Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).
Otro punto clave al discutir el futuro de la Ley Bases y el paquete fiscal es el Impuesto a las Ganancias. La exención del 22 por ciento para los patagónicos en Ganancias no garantiza todavía el voto en bloque de los senadores sureños quienes advirtieron que no votarían el retorno del gravamen bajo ninguna alternativa que podría presentar el Gobierno. Con facultades delegadas aún existe cierto recelo con su redacción en algunos senadores.
Por el contrario, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) parecería encaminarse, inclusive, encontrando consenso en el bloque kirchnerista. Algo similar, sin los K, ocurriría con el blanqueo de capitales.
Mientras tanto, Francos continúa con las negociaciones recibiendo a gobernadores. Durante la última semana pasaron por Balcarce 50 los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Neuquén, Rolando Figueroa. Todos ellos retornaron a sus provincias con fondos asegurados para reactivar obra pública.