Tras semanas de negociación y discusión en comisiones, el Senado de la Nación tratará hoy la Ley Bases en el recinto en donde reina un clima de incertidumbre respecto al poroteo final de algunos puntos claves.
A partir de las 10:00 los legisladores se presentarán en el hemiciclo para abordar el debate -por separado- de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en una sesión que promete ser álgida ya que el oficialismo aún no logró sellar acuerdos en puntos claves.
La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI), las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de ambas iniciativas que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular.
Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.
Otro punto son las privatizaciones o concesiones de once empresas públicas. En este eje, el foco de atención está sobre Aerolíneas Argentinasque está contemplada en la lista de compañías a vender aunque hay dudas si permanecerá o no.
La libertad Avanza quiere mantener la propuesta contemplada en el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General mediante la que propone la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa), pero hay resistencia de que pueda mantener en la lista a la empresa de aviación.
En este caso hay resistencias de los senadores del Sur como el radical fueguino Pablo Blanco y de la chubutense Edith Terenzi que van a aprobar en general el dictamen de mayoría, pero se oponen a la venta de la empresa aérea al sostener que algunas provincias quedarán aisladas.
Si a ese rechazo se suman los 33 votos de UP y algún otro legislador dialoguista, el Gobierno corre el riesgo no solo que se elimina la privatización de Aerolíneas Argentinas, sino de las otras empresas que están comprendidas en el artículo 7 de la ley Base como RTA, Intercargo y Enarsa.
En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.
En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.
También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones (RIGI) de 200 a 900 millones de dólares y están destinados a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.
La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI al disponer que una empresa extranjera que está encarando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.
También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y tendrá que calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.
Pero estos cambios aun no dejaron conformes a muchos legisladores dialoguistas que insisten que se deben limitar aún más el Rigi para no perjudicar a las empresas nacionales.
Otro punto clave es la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.
El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos.
El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.