A menos de tres semanas de la fecha estipulada para ir a las urnas, la interna del Partido Justicialista sigue al rojo vivo. En las últimas horas, la Junta Electoral del partido resolvió excluir a la lista “Federales, un grito de corazón”, que lidera el gobernador Ricardo Quintela, por no cubrir el piso de avales y presentó irregularidades en la distribución federal de los mismos. El mandatario de La Rioja podría ir a la justicia electoral y la interna justicialista podría dirimirse en Tribunales.
Tras la decisión inicial de la Junta de no aceptar la lista de “Federales” por falta de avales, los apoderados de la lista opositora a la que encabeza Cristina Kirchner presentaron un recurso mediante el que denunciaron “parcialidad” en la resolución que había favorecido a la lista opositora y que los plazos y trámites debían suspenderse.
No obstante, en las últimas horas la Junta rechazó las acusaciones de parcialidad y ratificó que los avales presentados eran insuficientes y contenían inconsistencias que afectan su validez, por lo que solo oficializó a la lista “Primero la Patria”, que encabeza CFK, para competir en los comicios del 17 de noviembre.
En el documento de la Junta Electoral plantea que hay “deficiencias” en los avales presentados y cotejados. “6.809 no acompañan fotocopias de DNI, planillas fotocopiadas (no originales) o carecen de las firmas de los avalistas”, señalaron en el texto, a tiempo que sumaron que “5.195 cuentan con DNI ilegible o firmas en las planillas ostensiblemente disímiles con las que se exhiben en los DNI”. Además, el texto sostiene que, faltarían casi cinco mil avales para llegar a los 62.465 que representan al 2%.
Los apoderados de la lista “Federales” preparan una réplica que podría desencadenar en que la definición de la contienda electoral se dé en los Tribunales. Si bien la presentación se dará ante la Junta Electoral del PJ, este organismo ya “no entiende más del asunto”, pero “es un vehículo para llegar en apelación a la Justicia Federal”, explicaron desde el ala de Quintela.
Una vez que se complete este trámite, será la jueza María Servini deberá entonces resolver si hace lugar o rechaza el pedido del gobernador riojano.
