La Justicia investiga si los profesionales fueron parte del esquema o víctimas de un plan sistemático liderado por Gastón Cuenta y Natalia Foresio
Detalles del caso Foresio y la estafa a IOMA
La causa que sacude al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) no deja de crecer y suma nuevos elementos que comprometen al sistema de salud. La investigación judicial apunta a un entramado de internaciones irregulares, provisión de insumos con sobreprecios y la utilización sistemática de recursos de amparo. En medio, Natalia Foresio.
En ese contexto, ahora se analiza el papel que habrían tenido distintos médicos en el circuito, aunque los indicios no apuntan necesariamente a una complicidad directa, sino, en varios casos, a la posible falsificación de documentos médicos.
La figura central del esquema es Gastón Cuenca, abogado y empresario vinculado a los geriátricos "Aires de City Bell" y "Aires de Lacroze", ambos sin convenios con IOMA, que actuaba junto a la contadora Natalia Foresio.
Como ya informó El Editor Platense en su edición pasada, según la denuncia penal presentada por Mauro José Pagliuca, director de Jurídicos del instituto, estas instituciones lograban internaciones a través de amparos judiciales y luego exigían la compra de insumos médicos por montos millonarios.
El mecanismo era simple. Se tramitaban órdenes judiciales que obligaban a IOMA a cubrir tratamientos y dispositivos, muchos de ellos relacionados con tecnologías de comunicación alternativa y cognitiva como tablets o equipos IRISBOND, diseñados para personas con movilidad o habla reducida. Sin embargo, los presupuestos presentados estaban visiblemente inflados.
Uno de estos aparatos, por ejemplo, llegó a ser presupuestado en más de 33 millones de pesos. La clave del circuito residía en la prescripción médica, sin la cual no se podía acceder a la cobertura. Es ahí donde la causa pone ahora el foco.
La Justicia busca determinar si los profesionales de la salud involucrados participaron activamente en el esquema o si, por el contrario, sus nombres y firmas fueron utilizados sin su conocimiento. En al menos tres casos ya se detectaron irregularidades formales en recetas y se ordenó peritar las firmas para verificar su autenticidad.
De acuerdo a fuentes judiciales, Cuenca hacía un “trabajo de hormiga” y, en muchos casos, manipulaba la información. Recorría centros de salud acompañado por su abogada, Mailin Herrera -también conocida como “Consuelo” en algunos entornos- y se presentaba como una especie de “asesor” o “coach en estimulación cognitiva”. Aunque no tenía formación médica, ofrecía un supuesto “programa de estimulación cognitiva para adultos mayores”, que incluía la provisión de dispositivos tecnológicos con el argumento de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
“Les decía a los médicos que les iba a cambiar la vida a sus pacientes, que no tenían que hacer nada más que firmar una hoja, y que ellos se encargaban del resto”, relató una fuente con acceso a la causa. Algunos testimonios indican que la insistencia era constante y llegaban a visitar los centros una o dos veces por semana. Cuando los médicos dudaban o rechazaban firmar, volvían al poco tiempo con el mismo ofrecimiento.
Un profesional de la salud que fue contactado por El Editor Platense señaló que en ningún momento se les informaba que el trámite se realizaría mediante un recurso de amparo judicial. “Cuando nos enteramos de que era por amparo, lo frenamos. No tenía sentido judicializar por una tablet. Un amparo es para algo urgente, vital. Esto no lo era”, afirmó.
Entre los documentos que Cuenca solía solicitar estaban la foto del afiliado, historia clínica, DNI y certificación afiliatoria de IOMA. Con ese respaldo, iniciaba los trámites legales.
El circuito denunciado se sostenía, en parte, gracias a la utilización sistemática del recurso de amparo. Dado que los geriátricos implicados no tenían convenios con IOMA, el único modo de acceder a coberturas era a través de medidas cautelares judiciales. Estas eran solicitadas, en muchos casos, por los mismos prestadores, forzando a la obra social a cubrir internaciones y dispositivos a precios no regulados.
Si bien la investigación sigue en curso, todo indica que el negocio principal no estaba en las internaciones en sí, sino en la venta de insumos con sobreprecios, cuya “necesidad” era avalada por prescripciones médicas. La Justicia intenta establecer si hubo participación consciente por parte de algunos profesionales de la salud, o si sus identidades fueron utilizadas de manera ilegal para justificar gastos multimillonarios. Esos números eran “dibujados”, presuntamente, por Foresio.
Hasta el momento, no hay imputados, pero fueron mencionados en la causa y podrían ser llamados a declarar. Son al menos veinte los profesionales bajo análisis. Todos ellos deberán aclarar si firmaron efectivamente las recetas cuestionadas o si fueron víctimas del uso indebido de su identidad profesional. También figuran como testigos que deberán ser citados, como Mailin María Herrera, quien habría tenido un rol clave en el ofrecimiento del programa.
La investigación está en manos de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo (UFI 17) y del juez Juan Pablo Masi, aunque el magistrado podría remitir el expediente al Juzgado Federal N°3 de Ernesto Kreplak para unificar el caso con el de Natalia Foresio. Todo esto podría derivar en cargos por estafa, falsificación de documentos y administración fraudulenta. También se analiza si existió tráfico de influencias o un uso indebido del sistema judicial para obtener beneficios económicos.