La investigación que vincula a Natalia Foresio con un presunto fraude millonario contra IOMA sigue avanzando, con la causa bajo la órbita de la UFI N° 17 de La Plata y el Juzgado Federal N° 4. El expediente detalla un circuito de amparos, pagos indebidos y equipos médicos a valores inflados, en perjuicio de la obra social y sus afiliados.
Todo comenzó en 2023, cuando un denunciante relató que Gastón Cuenca, abogado y titular de tres geriátricos, le había cobrado 90 mil pesos en 2021 para iniciar un amparo contra IOMA, con el objetivo de conseguir una plaza para su madre en el hogar “Aires de Lacroze”, ubicado en Gonnet.
Si bien el amparo fue concedido y la obra social terminó cubriendo la estadía, el propietario del geriátrico continuó solicitando pagos adicionales por conceptos ya incluidos, generando sospechas de doble facturación.
La investigación reveló además que Cuenca se desempeña como apoderado de Ijumed S.A., que administra el hogar “Aires de Lacroze”, y como presidente de Grupo Bicentenario S.A., responsable del hogar “Aires de City Bell”.
Ninguna de estas sociedades posee convenio directo con IOMA, por lo que las internaciones se gestionaban mediante amparos judiciales, presuntamente impulsados por los propios prestadores. Una vez autorizada la cobertura, se promovía la adquisición de insumos y equipos médicos de elevado costo.
Entre los elementos involucrados figuran tablets de comunicación y sistemas IRISBOND OSKOL para personas con movilidad reducida, cuyo valor superó los 23 millones de pesos en 2021. La pesquisa también detectó prescripciones médicas con posibles falsificaciones de firmas y sellos, lo que apunta a la participación de profesionales de la salud en el esquema ilícito.
Vínculos con el caso Foresio
Este hecho no es aislado, sino que fue parte de la maniobra fraudulenta que tuvo como cabecilla a la contadora Natalia Foresio en La Plata, acusada de liderar una banda dedicada al lavado de activos y a la defraudación fiscal, que alcanzó más de 40 mil millones de pesos.
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Parte de lo incautado en los inicios del caso Foresio
Una vez que se desató el escándalo de las facturas truchas —por el que Foresio permanece detenida en su vivienda y al menos cinco personas más están procesadas—, el juez Ernesto Kreplak ordenó allanamientos en su domicilio y en su estudio contable. En estos operativos se halló material que amplió la red de vínculos y permitió dar con el nombre de Cuenca, que no figuraba en el procesamiento inicial.
Como se mencionó anteriormente, Cuenca es propietario de hogares y centros para personas con discapacidad en la zona norte de La Plata. Según la investigación, Foresio habría colaborado con él para blanquear dinero no registrado. Ambos mantenían una relación laboral desde hacía años.
En 2017, Cuenca asumió la presidencia de Grupo Bicentenario S.A. La firma fue registrada por la propia contadora y administra el Hogar Aires de City Bell, donde también se investigan estafas a familiares de usuarios.
Por otra parte, para 2020 se constituyó la mencionada asociación Injumed S.A., siendo Cuenca uno de titulares. Según documentos a los que tuvo acceso El Editor Platense, sería la firma que explota comercialmente el hogar “Aires de Lacroze” en Gonnet. La sociedad está habilitada para proveer atención médica domiciliaria y vender instrumental médico, odontológico y ortopédico.
IOMA, Foresio y el supuesto fraude
Sin embargo, también está habilitada para comercializar productos para reparar vehículos automotores y motocicletas, además de proveer servicios de comidas para empresas y asesorar jurídicamente. Esto último se vincula con la profesión de Cuenca, abogado.
En paralelo a esta conformación, se firmó otra sociedad: Grupo Idemed GC S.A., con las siglas de Gastón Cuenca. El dato es que, como en cada una de las nombradas, la firma para la conformación fue puesta por Natalia Foresio.
Hasta el momento, la contadora Natalia Foresio se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, mientras que la causa sigue abierta con el objetivo de identificar a otros posibles implicados en la maniobra fraudulenta. La continuidad del caso mantiene en alerta a la comunidad, dado el impacto económico y la complejidad de la red que operaba en torno a IOMA.