La Justicia federal procesó a 19 personas en la causa que investiga una presunta asociación ilícita que cobraba retornos a proveedores y utilizaba un método de “castigo” a quienes no cumplían
Farmacia Caruso, de nuevo en la mira por la causa ANDIS
El procesamiento dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Sebastián Casanello, expuso el rol de los funcionarios y operadores externos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, según la acusación, habrían montado un esquema sistemático para direccionar contrataciones, fijar sobreprecios y administrar pagos de manera discrecional.
En ese entramado aparece mencionada Farmacia Caruso Sociedad en Comandita Simple, una firma con sede en La Plata, cuyo nombre surge reiteradamente en mensajes, planillas internas y anotaciones manuscritas incorporadas como prueba en el expediente.
Según consta en la resolución judicial, el 28 de junio de 2024 el entonces director nacional Daniel Garbellini habría enviado un mensaje en el que aseguraba que el legajo de varias sociedades, entre ellas Farmacia Caruso, estaba “OK”, lo que habilitaba su alta inmediata en el sistema de la ANDIS para comenzar a operar.
Para los investigadores, ese mensaje no fue aislado, sino parte de una mecánica más amplia mediante la cual determinadas empresas eran incorporadas al circuito de contrataciones sin controles exhaustivos, bajo la intervención directa de funcionarios jerárquicos y operadores externos.
La causa también detalla que Farmacia Caruso figura en planillas de liquidación que circulaban entre los integrantes del grupo investigado. De acuerdo con esa documentación, la firma habría percibido pagos por un total de $138.498.378,48 provenientes de la ANDIS.
Estas planillas, secuestradas durante los allanamientos, eran utilizadas —según la hipótesis judicial— para llevar un control informal de los fondos transferidos, definir prioridades de cobro y decidir eventuales represalias económicas contra los proveedores.
Uno de los elementos más sensibles del expediente es una nota manuscrita hallada en el domicilio de Garbellini. Allí, Farmacia Caruso aparece mencionada junto a otras firmas con una instrucción concreta: “No pagar”.
Según reconstruye la investigación, ese tipo de anotaciones respondía a una lógica interna del grupo, que utilizaba el flujo de fondos públicos como herramienta de presión y disciplinamiento. Las empresas consideradas “propias” o alineadas al esquema cobraban con mayor rapidez, mientras que aquellas que no cumplían con las reglas informales eran castigadas con demoras, fraccionamientos o directamente con la suspensión de los pagos.
En ese marco, los investigadores sostienen que la aparición de Caruso en esa lista podría estar vinculada a internas del propio sistema, más que a criterios administrativos regulares.
Caruso es una farmacia histórica de La Plata, parte de un grupo que también opera otras conocidas bocas de expendio, como Farmacia Zorich, La Inglesa y La Doce. También tiene la marca Bienestar, dedicada al rubro cosmético y de perfumería. Está dirigida actualmente por Ricardo Mashud y Federico Giacobbe.
La causa ubica a Miguel Ángel Calvete, uno de los principales procesados, como el intermediario clave entre la ANDIS y un amplio abanico de empresas del sector salud. Según el expediente, Calvete habría utilizado su relación con las máximas autoridades del organismo para gestionar intereses privados, facilitar altas en el sistema y realizar un seguimiento permanente de los pagos.
Farmacia Caruso aparece mencionada dentro de ese “espectro amplio de empresas” para las cuales Calvete oficiaba como nexo. De hecho, la gestión de su ingreso al sistema y su inclusión en los registros de pagos se enmarcan, para la Justicia, en ese circuito de influencias.
La resolución judicial no establece de manera explícita que los responsables de la farmacia platense conocieran en detalle la totalidad de la presunta asociación ilícita ni el destino final de los fondos. Sin embargo, los documentos incorporados al expediente la ubican dentro del flujo de contrataciones irregulares, bajo reglas informales impuestas por los funcionarios y operadores ahora investigados.
El procesamiento alcanzó a 19 personas, entre exautoridades de la ANDIS, funcionarios intermedios y empresarios. Además, el tribunal ordenó la citación a indagatoria de varias personas jurídicas beneficiadas por el sistema, mientras continúa el análisis de teléfonos, chats y documentación contable.
Fuentes judiciales señalaron a El Editor Platense que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones, a medida que se profundice el estudio del material secuestrado.