El observatorio de violencia de género "Ahora que sí nos ven", informó un número alarmante en la cantidad de femicidios que hubo en la primera parte de febrero
Como cada mes, diferentes observatorios de violencias de género realizaron reportes sobre la cantidad de casos que hay y, los resultados de febrero fueron comunicados por quincena, debido a la cantidad de casos de femicidios que hubo en el país.
En ese sentido, detallaron que 13 mujeres fueron asesinadas en los primeros 15 días de febrero en la Argentina, por hombres de su círculo íntimo. Entre estos casos hubo dos dobles femicidios: Mónica Mendoza y su madre, Miriam Giménez en la localidad de Taco Pozo, Chaco, cuyo femicida es Marcelo Caro, pareja de Mónica; el caso de María Claudia Fernández y su hija, Antonella Lazcano tuvo lugar en CABA, y por el mismo están detenidos un hijo y un nieto de la mujer, donde la justicia investiga la responsabilidad de ambos en el hecho.
Desde el organismo mencionaron su discrepancia con las cifras oficiales que, según detalló el presidente Javier Milei, los femicidios habían disminuido. Por eso, aportaron datos que vienen recabando: "Según nuestro Observatorio, en enero de 2024 se registraron 24 femicidios, mientras que en enero de este año hubo 29 casos". Además, indicaron que "las denuncias de violencia doméstica aumentaron un 8% durante la feria judicial de este año, con un promedio de 55 personas atendidas por día y un 27% de agresiones de alto riesgo".
Tal como resaltaron, se trata de datos brindados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los cuales, "resaltan la necesidad de seguir exigiendo el cumplimiento de las leyes y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y diversidades".
En la última semana, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, quitó la tipificación de femicidio en la causa por el asesinato de Lucía Pérez. Lo que implica que el caso regresará al juzgado para que se establezca una nueva pena en contra de Matías Gabriel Farías, quien había sido condenado a prisión perpetua en 2023.
A ocho años del femicidio que movilizó al país, los abogados Laura Solari, César Sivo y Romina Merino, defensores de los condenados solicitaron el pedido de anular la figura de femicidio, el cual fue aceptados por los camaristas Víctor Violini y Florencia Budiño, quienes revocaron la condena de Farías al considerar que no hubo femicidio alguno.
Tal como argumentaron, en todo este tiempo, nunca se llegó a tener claridad de cómo fueron los hechos, y no encontraron pruebas contundentes sobre el dolo homicidio. En ese sentido entienden que a Lucía Pérez le suministraron drogas como cocaína y que la abusaron sexualmente, por lo que los imputados serán juzgados por esos cargos.
La Cámara determinó que no se pudo determinar el dolo eventual en Farías, a quien mencionaron como una persona que se encontraba en búsqueda de "chicas para venderles droga". De esta manera, el Tribunal N°2 de Mar del Plata tiene que fijar una nueva pena por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado" contra la joven de 16 años, que tiene una pena máxima de 15 años.
El Gobierno de Javier Milei trabaja en un proyecto, al que denominó “igualdad ante la ley” y que intentará impulsar en el Congreso, con el que buscará derogar todo tipo de cupos y leyes “que tengan que ver con discriminación positiva”. Entre ellos, los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso el femicidio como agravante penal.
La movilización multitudinaria en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y en repudio al discurso del presidente Milei en el Foro Económico de Davos ya tuvo su primer impacto político: el Gobierno nacional se replantea el proyecto de ley que busca eliminar la figura de femicidio del Código Penal, un agravante del homicidio por razones de género.
Esto se debe porque especialistas advirtieron a la Casa Rosada que al quitar esa figura, beneficiaría a centenares de condenados que podrían pedir la reducción de sus penas y salir de manera anticipada de prisión. En promedio 300 condenados podría salir en libertad.
Según informó La Nación tras consultar a fuentes oficiales, ahora en el Gobierno trabajan en la elaboración de un proyecto de ley más amplio y general, que considere a la familia como el bien jurídico a proteger, y donde se incluirían aspectos relacionados con la violencia de género.