Caso Chocolate.

Hubo allanamientos en La Plata por maniobras con "ñoquis" de la Municipalidad

La investigación se inició por la denuncia del actual intendente de La Plata, Julio Alak y también por datos obtenidos a través de un puntero de Chocolate Rigau

20 de abril de 2025 - 11:45

La Justicia ordenó 14 allanamientos en el marco de una causa judicial donde se investigan distintas maniobras ilegales con supuestos empleados de la Municipalidad de La Plata. Se trata de un expediente que se desprende del caso de Julio “Chocolate” Rigau, a partir de los datos que surgieron del teléfono del puntero del PJ.

Este caso también va de la mano con la denuncia realizada por el actual intendente, Julio Alak, quien al llegar a la intendencia en 2023 denunció que había nombramientos de empleados que no asistían a trabajar.

En las últimas horas, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta pidió allanar domicilios particulares y realizar varios operativos en oficinas del Municipio para secuestrar documentos, teléfonos, y otras pruebas que sirvan para la investigación. En esa causa paralela, se investigan al menos cinco hechos.

Una de las maniobras apunta al nombramiento de personas en la Municipalidad de La Plata que no trabajaban pero cobraban un sueldo, durante el periodo de entre 2021 y 2023. “Formaban parte del esquema recaudatorio entregando parte o la totalidad de los haberes percibidos, en razón de su función, a los demás autores del hecho descripto”, describió el fiscal al pedir los operativos, que fueron ordenados por el juez Agustín Crispo.

Quiénes son los involucrados en la causa "ñoquis" del municipio platense

Detrás de esos nombramientos se investiga a tres personas que tenían cargos jerárquicos en la Secretaria de Coordinación Municipal, en la Subsecretaria de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, y en la Dirección General de Personal y Capital Humano. El fiscal identificó a Ricardo Ismael Jalet y Lorena Mabel Valdata como los supuestos recaudadores. Ambos tenían vinculo con Rigau, el puntero que recorría los cajeros de La Plata con tarjetas de débito.

Otra maniobra apunta a dos exfuncionarios de Julio Garro que renunciaron pero igualmente seguían cobrando su sueldo. Se trata de Facundo Pérez, que estuvo a cargo de la Dirección General de Habilitaciones, y Dario Javier Musto, asesor en la Secretaria de Políticas Públicas.

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También se descubrió a una mujer, identificada como Moira Jazmin Valdez, que trabajaba en el Centro Comunal Los Hornos, en la calle 137 y 64 de La Plata, y cobraba los haberes de su exmarido, ya fallecido. De esa manera se habría apropiado de más de $2 millones. El último hecho tiene que ver con otra mujer, Romina Paola Villegas, que trabajaba en la Coordinación Municipal de La Plata y cobraba al mismo tiempo un plan social.

Vale recordar que en agosto del año pasado, la fiscal Betina Lacki, que investigó el caso de “Chocolate”, pidió que el expediente principal se divida en tres partes: decidió quedarse con el tramo central, que está a un paso del juicio oral, y envió a otros dos fiscales el que investiga la maniobra con empleados del Senado provincial, y el que apunta a la malversación de caudales públicos en la Municipalidad de La Plata.

Este último caso comenzó con las pruebas encontradas en el teléfono de Rigau. De esa pericia surgieron varios nombres que tenían relación con el puntero del PJ: Sergio Lucero, Ricardo Ismael Jalet, Lorena Mabel Valdata, Jorge Pablo Villar, Cristian Osvaldo Rigau, y Amancay Martina Aylen Valdata. “De las extracciones del teléfono, se determino que con Jalet y Valdata, coordinaban la presunta recaudación de los haberes, de diferentes personas”, determinó el fiscal Condomí Alcorta.

En el dictamen, se mencionó también a Néstor Omar Pulichino, quien estaba a cargo de la Secretaria de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia. “Bajo su gestión (junto con Oscar Rodolfo Negrelli y Mariano Baruki Perez Aramburu) se pudieron advertir inconsistencias de diversas índole en nombramientos y/o el cumplimiento de los contratos laborales en la Municipalidad, como así también la administración de los fondos públicos para el pago de los haberes por esos servicios”, puntualizó el fiscal.

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