El oficialismo busca aprobar este martes un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La "puerta giratoria" sigue sumando casos en La Plata
El crimen de Kim Gómez fue un caso bisagra que puso sobre la mesa la gravedad del delito juvenil
Julián MartínezEl plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados, encabezado por Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, se reunirá este martes con el objetivo de aprobar un dictamen clave sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. El oficialismo busca "el fin de la puerta giratoria" y drama de los menores fuera la ley.
El proyecto, que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, propone una reforma profunda del sistema penal para menores y establece que la edad de imputabilidad se reduzca de 16 a 14 años, un tema que volvió a instalarse con fuerza en el debate público.
“Durante demasiado tiempo la política le dijo a los argentinos que no iba a castigar el delito, que los delincuentes eran víctimas de un sistema injusto. Lo sufren los bonaerenses todos los días”. Esas fueron las palabras del presidente Javier Milei cuando, en las últimas semanas, se refirió al crimen de Kim Gómez, la nena asesinada en La Plata por dos delincuentes adolescentes, y dejó firme su intención de bajar la edad de imputabilidad. Sus dichos redoblan la presión para conseguir el dictamen.
Los fundamentos de la iniciativa hacen eje en la inseguridad y la creciente participación de adolescentes en el delito; y el derecho de las víctimas. En el debate público, el primero de los argumentos es refutado por especialistas que señalan que en el mundo se comprobó que bajando la edad de imputabilidad de los adolescentes no menguó la comisión de delitos.
En este contexto, La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, junto a sus aliados como el PRO, tiene previsto avanzar en la primera quincena de este mes con el dictamen de un proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad a 14 años para condenar a menores que cometan delitos graves. La iniciativa ya ha sido objeto de debate en siete reuniones durante 2024 y se discutió por última vez el 12 de marzo.
Si bien el Gobierno propone fijar la edad de imputabilidad en 13 años, el consenso mayoritario entre los legisladores es que la reducción se establezca en 14 años.
El proyecto oficial estipula que a los menores no se les podrá imponer reclusión perpetua y que la pena máxima de prisión será de 20 años, incluso en casos donde la escala penal de los delitos cometidos contemple penas más elevadas por la concurrencia de varios hechos independientes.
La discusión arrancó en julio pasado cuando el Gobierno presentó su iniciativa al Congreso. El proyecto propone bajar a 13 años la edad de imputabilidad aunque gradúa la pena según su gravedad. Cuando esta supere los tres años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima o una grave violencia física o psíquica, se podrá reemplazar el castigo de prisión por penas alternativas, como la amonestación; la prohibición de contacto con la víctima; la prohibición de conducir o concurrir a determinados lugares, entre otras sanciones.
El problema a resolver, sin embargo, no es tan sencillo, aducen los legisladores. No se trata solo de coincidir en un número para bajar la edad de imputabilidad; en paralelo la ley debe prever qué delitos deberían ser punibles para quienes los cometan y qué castigos impartirles según su gravedad; en qué casos cabría la internación y qué penas alternativas podrían contemplarse, además de las políticas de reinserción social para evitar que los jóvenes ingresen a la espiral delictiva.
El caso de Kim Gómez, la niña asesinada en La Plata, aún conmueve a la sociedad y a su vez, sacudió el tablero político. De un lado hay impotencia y del otro, pelea en lugar de respuestas a un tema grave y de arrastre: el delito juvenil y la llamada “puerta giratoria” que no hace más que beneficiar a delincuentes y que hace un tiempo derivó en una tragedia como fue el crimen de la nena arrastrada por dos adolescentes, uno de ellos con antecedentes y que estaba en libertad por ser aún menor de edad.
En ese escenario, con la criminalidad juvenil en alza, al margen de que sus protagonistas, algunos de ellos tristemente célebres, siempre se encuentran en riesgo, los más perjudicados son los ciudadanos comunes, aquellos que sufren sus constantes embates y observan, absortos, cómo nadie le pone un freno a este verdadero drama social.
Hoy, el estandarte de este drama delictivo que no para de crecer en nuestra ciudad los enarbolan los ya conocidos “Hermanos Macana”, que tienen entre 13 y 16 años y que entre todos superarían el centenar de causas penales. Claro está que los antecedentes no se refiere a detención. Sí a ingresos en distintas comisarías, porque, como tienen la edad que tienen, algunos de ellos incluso amparados por la inimputabilidad, logran entrar y salir con una facilidad asombrosa.
La inseguridad en la Ciudad es un problema que viene desde hace varias décadas, y que se vio intensificado por una suma de desaciertos institucionales, que abarcaron tanto a la gestión de las fuerzas de seguridad, con permanentes vaivenes sobre sus formas de accionar, como a determinadas normas de la legislación penal de fondo o procesal sancionada en ese lapso. Con todo esto, será todo un desafío afrontar este grave fenómeno que está matando a la espera de la modificación de leyes que puedan aportar un poco de luz a tanta incertidumbre y preocupación.