Hugo Fernando Lares es médico cirujano vascular, fue funcionario del PAMI y figura política cercana al senador bonaerense Sebastián Pareja. Hoy enfrenta una grave denuncia por abuso sexual infantil, en una causa que sacude al ámbito político y sanitario de la provincia de Buenos Aires. Aunque la fiscalía todavía no pidió su detención, las pruebas que hay en el expediente son contundentes, y la Justicia ya evalúa las medidas que podrían venir en los próximos días.
La investigación está en manos de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata. En el marco del expediente, Lares tiene colocada una tobillera electrónica y una restricción perimetral, pero la denunciante asegura que el médico violó esa medida y volvió a acercarse, motivo por el cual se pidió la intervención del fuero penal.
Lares, cirujano vascular del Hospital Fiorito y vecino de Villa Elisa, fue designado en 2024 en el PAMI por el entonces director ejecutivo Esteban Leguizamón, durante el gobierno de Javier Milei. Su nombramiento lo ubicó en la Unidad de Gestión Local X de Lanús, dentro de la Gerencia Operativa y de Coordinación de la Secretaría General Técnico Operativa del organismo.
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La designación no fue casual. Su nombre surgió por su cercanía con el senador libertario Sebastián Pareja, una de las figuras más influyentes de La Libertad Avanza en Buenos Aires. “Lares llegó a Lanús por recomendación directa de Pareja”, aseguran fuentes políticas de la región.
El médico también mantenía vínculos con Juan Osaba, actual director de Municipios de la provincia, con quien —según testimonios recogidos en off— compartía reuniones de coordinación política y armado territorial. “Me contó Lares que lo dejaron de director en Lanús a cambio de reclutar gente y hacer caja para Osaba y Pareja”, sostuvo una fuente interna del organismo.
En las listas de 2023, Lares figuró como candidato número 33 a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro de la nómina encabezada por Marcela Pagano y Bertie Benegas Lynch. Su paso por la campaña fue discreto, pero su influencia creció después de las elecciones, cuando fue convocado para ocupar cargos de gestión dentro del PAMI. Tras la denuncia en su contra, presentó la renuncia y fue apartado de sus funciones.
La denuncia contra Lares fue radicada en La Plata y tuvo como punto de partida una presentación en el Juzgado de Familia N° 8, por hechos previos vinculados a violencia intrafamiliar. Según se desprende del expediente, luego de la separación de su pareja, Lares había firmado un acuerdo por el cual sus hijas quedaban a cargo de la madre.
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Años después, una de las menores relató una situación de abuso que motivó la apertura de la causa penal. La fiscal Bravo ordenó una serie de medidas de prueba —entre ellas una Cámara Gesell— y dispuso el allanamiento del domicilio del acusado, donde se secuestraron siete dispositivos electrónicos. El celular del acusado no fue hallado, ya que el médico no estaba al momento del operativo, pero la Policía fue hasta el hospital de Lanús y le dieron la posibilidad de entregarlo de forma voluntaria y así lo hizo. En esos elementos, los investigadores hallaron material sensible que forma parte del expediente, cómo pornografía de adultos y hasta un vídeo de la menor en ropa interior.
El Cuerpo Médico forense elaboró un informe que fue incorporado al caso y que, según fuentes judiciales, refuerza la acusación y asegura que encontraron lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal. La fiscalía no pidió todavía la detención de Lares, pero en los tribunales platenses aseguran que “hay elementos suficientes para hacerlo”.
Además, surgió un dato que agrava su situación. Cuando el personal judicial fue a notificarlo a la dirección que había declarado en Ensenada, una mujer respondió que él no vivía allí y que solo lo conocía “de la política”. Esa maniobra, interpretada como un intento de entorpecer el proceso, podría sumar un riesgo procesal por ocultamiento o posible fuga.
Un exfuncionario de LLA, en la mira
El médico, que todavía conserva matrícula activa en la Provincia, se presenta públicamente como “especialista en cirugía vascular y estética”. En los últimos años combinó su labor profesional con tareas políticas en el conurbano bonaerense.
En el PAMI, su paso no pasó inadvertido. Según confirmaron fuentes del organismo, Lares se desempeñaba en la UGL de Lanús desde comienzos de 2024, donde había asumido funciones administrativas y de coordinación. Sin embargo, tras la denuncia penal, presentó la renuncia y dejó el cargo.
El caso generó conmoción entre los empleados del organismo, donde varios trabajadores aseguraron que ya había rumores sobre su conducta personal, pero nadie se animó a hablar hasta que trascendió la causa.
“Era una persona con mucho poder político, amigo de Pareja y con contactos en varios municipios”, contó un empleado del PAMI de Lanús. “Tenía llegada directa al senador y se movía con total impunidad”.
La Justicia impuso a Lares una tobillera electrónica y una restricción de acercamiento hacia la denunciante y su entorno familiar. No obstante, según la madre de la víctima, el médico violó esa prohibición en al menos una ocasión, lo que motivó un nuevo reclamo judicial.
La fiscal Bravo analiza ahora la posibilidad de solicitar la detención preventiva, ante el riesgo de que el acusado pueda entorpecer la investigación o intentar influir en testigos.
Hasta el momento, ni Sebastián Pareja ni Juan Osaba realizaron declaraciones públicas sobre el caso. Tampoco lo hizo el PAMI, que simplemente confirmó que Lares ya no pertenece al organismo.
En los tribunales de La Plata, en tanto, esperan la resolución del Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Garmendia, sobre los próximos pasos del proceso. “El cuadro probatorio está completo. Falta la indagatoria, que es inminente”, explicaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, la familia de la víctima busca mantenerse en reserva y pide que el caso sirva para exponer al acusado y que la Justicia avance hacia su detención.
