Dirigentes del radicalismo presentaron un amparo en la Justicia para frenar el DNU que reestructuró la SIDE y que le permite detener personas sin orden judicial
Un grupo de dirigentes de origen radical presentó en las últimas horas un amparo ante la Justicia para frenar el DNU 941/2025, por el cual el Gobierno de Javier Milei reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), avalando detenciones en la vía pública sin previa orden judicial. Se suma a otro amparo presentado por Diputados opositores.
Entre los firmantes se encuentran nombres pesados de la UCR, como Ricardo Alfonsín, Leopoldo Moreau -hoy en las filas de Unión por la Patria-, Federico Storani y Ricardo Terrile. En la presentación hecha ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11, los dirigentes radicales pidieron que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 941.
Según el escrito, el DNU de la SIDE "lesiona de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, participación política y de peticionar a las autoridades". Además, indicaron que "la inconstitucionalidad material del DNU 941/2025 se manifiesta en la creación de un sistema de inteligencia estatal que desconoce los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen toda restricción legítima de derechos fundamentales.
Como contó El Editor Platense, los Diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron una acción de amparo acompañada de una medida cautelar para que el DNU de la SIDE quede suspendido mientras la Justicia analiza su constitucionalidad.
En la presentación, los legisladores cuestionan que el Poder Ejecutivo haya modificado la Ley de Inteligencia Nacional a través del DNU 941/2025. Los representantes de la oposición sostienen que no existió una situación real que justificara eludir el debate parlamentario y advierten, además, que el decreto avanza sobre materia penal, un ámbito que -insisten- la Constitución prohíbe regular por esta vía.
El escrito también pone el foco en la centralización de las tareas de inteligencia bajo la órbita presidencial y alerta sobre el riesgo de que el nuevo esquema derive en prácticas de persecución política y en una militarización de la seguridad interior.