Tras la condena impuesta por la Corte Suprema, uno de los abogados de Cristina recurrirá a una instancia internacional. Pero, ¿Qué margen real existe?
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, trabaja en una consigna internacional similar a la que usó Lula da Silva en Brasil
A nivel judicial, el ajedrez procesal tendrá su capítulo internacional de la mano de la defensa de la expresidenta y de organizaciones civiles en la Justicia Electoral. Lo cierto es que todas las miradas se centran en lo que pasará hoy, en donde un giro judicial podría cambiar el panorama político si finalmente Cristina no necesita presentarse en Comodoro Py.
En paralelo los abogados de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) trabajan con un objetivo claro: lograr la revisión de la causa Vialidad antes de 2027, a partir de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organismos internacionales. Es que luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena, la exmandataria ya advirtió que acudiría a denunciar una maniobra de lawfare (guerra judicial con intencionalidad política).
Gregorio Dalbón, uno de los letrados que la representa, radicó una primera denuncia horas antes de que la Corte confirmara la condena a prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo hizo ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, donde acusó una “persecución política, mediática y judicial” del Estado argentino contra Cristina.
Lo que sigue es la CIDH. Los abogados de la exvicepresidenta tienen seis meses para elevar una petición a la Comisión, que primero evaluará si toma o no su caso. Eso ocurrirá en la sede de Washington, Estados Unidos. Si interviene, la CIDH no estudiará los hechos de la causa Vialidad en sí, sino las presuntas lesiones a los derechos humanos de CFK.
La petición tendrá como ejes: lawfare (persecución política a través del Poder Judicial), incumplimiento del principio de juez natural, parcialidad en los tribunales, inversión de la carga probatoria, vínculos espurios entre la Justicia y los medios de comunicación y vulneraciones en el debido proceso.
Si la Comisión Interamericana encuentra que hubo violaciones a las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que para la Argentina tiene jerarquía constitucional- enviará recomendaciones y buscará una “solución amistosa”. Si eso no prospera, entonces el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde un tribunal podría condenar al Estado argentino.
Entonces, ¿puede un tribunal internacional revocar la pena de la Corte Suprema? Abogados constitucionalistas indican que los mecanismos para que un tribunal internacional pueda anular la condena de la Corte Suprema a Cristina Kirchner existen, pero están sujetos a un largo recorrido procesal. Y si bien un fallo adverso en un tribunal internacional puede derivar en recomendaciones o condenas al Estado, no se trata de una apelación automática ni directa que suspenda los efectos de una sentencia firme dictada por la Corte Suprema. “El trámite es largo y la persona, a menos que exista una medida cautelar, queda detenida o cumple la condena hasta que se resuelva el proceso transnacional”, sostienen.
En esta línea, en lo que refiere al plano interno, el juez federal Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, resolvió no intervenir en un amparo presentado para mantener la candidatura de Cristina Fernández como legisladora provincial en Buenos Aires. El magistrado tomó esta decisión porque consideró que su juzgado es incompetente en el caso y envió el expediente a la Justicia provincial.
El argumento de la decisión es que se trata de una cuestión que debe ser resuelta por los tribunales bonaerenses o por la Junta Electoral de la provincia. El recurso había sido presentado por el abogado Daniel Llermanos, quien argumentó que la expresidenta, pese a la condena en su contra, conserva su “posesión de estado electoral” y, por lo tanto, su candidatura debería mantenerse.
Según el fallo de Ramos Padilla, la decisión sobre la posible postulación de Fernández de Kirchner como diputada provincial por la tercera sección electoral corresponde a las autoridades electorales de la Provincia. En su resolución, el juez afirmó que “la decisión sobre la posible candidatura invocada resulta de competencia de la justicia provincial y/o de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires en oportunidad de oficializar las candidaturas para cargos electorales provinciales”.
Entonces, mientras la batalla judicial continúa en distintos frentes, el impacto político de la condena de CFK es, sin duda, uno de los principales ejes de disputa en los próximos meses. En el futuro cercano, la estrategia del kirchnerismo dependerá del desarrollo de estos procesos internacionales; en tanto que por estas horas la Justicia evalúa otorgarle un régimen de arresto domiciliario con restricciones mínimas. Entre ellas, se contemplaría la posibilidad de que la expresidenta mantenga su actividad en redes sociales o por streaming, e incluso que continúe saliendo al balcón de su casa.
La solicitud de Cristina Kirchner para cumplir la pena en su domicilio está en manos del fiscal Diego Luciani, quien tiene hasta este martes para expedirse. Luego, la decisión volverá al juez Jorge Gorini, presidente del tribunal que dictó la sentencia, que deberá resolver junto a los otros magistrados.