Javier Milei enfrentó las elecciones como una prueba decisiva. El triunfo de octubre reconfiguró el Congreso y abrió el camino para una agenda de reformas
Javier Milei cierra el 2025 fortalecido por la aprobación del Presupuesto
Marina EspecheEl 2025 fue un punto de inflexión para la gestión de Javier Milei. No solo significó la profundización de un programa económico sobre el que merodeaban dudas, sino porque las elecciones legislativas funcionaron como el primer examen real de poder político para un oficialismo que llegó a la Casa Rosada sin estructura territorial ni mayorías parlamentarias.
Desde los primeros meses del año, en Balcarce 50 asumieron que el resultado electoral sería determinante ya que representaban una validación —o un límite— al rumbo adoptado desde diciembre de 2023. La apuesta oficial se apoyó en la continuidad de un relato de desaceleración inflacionaria, orden fiscal y reducción del déficit como activos políticos frente a una sociedad golpeada por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo. En definitiva, mostrar resultados concretos de aquellas promesas que llevaron al economista libertario al sillón de Rivadavia ante un pueblo con el bolsillo flaco.
Con Karina Milei ocupando un rol cada vez más central en el armado político, ministros que comenzaron a ganar protagonismo con vistas a futuras candidaturas y un oficialismo en construcción permanente, el clima previo estuvo atravesado por la incertidumbre con un calendario electoral repleto de desdoblamientos que dejaron algunas tendencias. Primero, llegaron las buenas noticias desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un importante triunfo violeta y después las buenas sensaciones al interior del país como en San Luis, Chaco, y Salta. Sin embargo, el 7 de septiembre llegó el golpe de la provincia de Buenos Aires que cacheteó a La Libertad Avanza (LLA) y obligó al Gobierno a recapitular la estrategia de cara a octubre para cosechar un buen resultado en la madre de todas las batallas.
El escándalo de José Luis Espert en plena campaña que obligó a bajar la candidatura del economista terminó poniendo a Javier Milei en el centro de la escena y jugó a favor del Gobierno que polarizó la elección sembrando fantasmas sobre la vuelta del kirchnerismo. Además de otros factores de la interna peronista que jugaron a favor del oficialismo nacional.
Finalmente, el 26 de octubre marcó un quiebre. El amplio triunfo de La Libertad Avanza abrió una nueva etapa para el oficialismo donde se bajó la tensión política, se estabilizaron las expectativas económicas y el Gobierno ingresó en una fase de relativa calma.
A dos meses de las elecciones, el oficialismo avanzó en la construcción de un ciclo propio. La consolidación como primera minoría en la Cámara de Diputados le permitió reconfigurar el funcionamiento del Congreso: sectores del PRO y de la UCR fueron absorbidos por la lógica libertaria, mientras que quienes permanecieron en sus bloques originales se convirtieron, en los hechos, en aliados funcionales del Ejecutivo.
Aun así, el Parlamento siguió —y seguirá siendo— un ámbito de negociación permanente, con una aritmética cambiante y una oposición fragmentada pero influyente. En ese marco, el Gobierno comenzó a transitar un terreno que Milei evitó en sus primeros meses: el del diálogo político.
Los cambios en el Gabinete fueron una señal clara de ese aprendizaje. Tras las elecciones, Milei avanzó en una serie de movimientos, en parte forzados por la salida de dirigentes electos como Patricia Bullrich y Manuel Adorni, y en parte orientados a reforzar la gestión y mejorar la interlocución con el Congreso y los gobernadores. El esquema original, apoyado casi exclusivamente en la pureza ideológica, dio paso a una estructura más flexible y pragmática.
Desde noviembre, la arquitectura política del Gobierno combinó figuras clave como Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli y el propio Adorni, con una estrategia orientada a fragmentar a un peronismo debilitado y a tejer acuerdos selectivos con gobernadores, mayormente condicionados por intereses fiscales y territoriales.
Ese entramado fue decisivo para la aprobación del Presupuesto 2026, que el oficialismo leyó como una señal concreta de gobernabilidad y como la antesala para avanzar con uno de sus proyectos centrales: la reforma laboral.
Con el nuevo equilibrio legislativo como telón de fondo, la Casa Rosada comenzó a delinear la agenda de reformas para 2026. En el oficialismo predomina la idea de que el próximo año debe marcar el inicio de una “segunda etapa” del programa que estará menos enfocada en la emergencia y más orientada a transformaciones estructurales.
Entre los ejes aparecen una reforma laboral destinada a flexibilizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad; una reforma previsional que apunte a la sostenibilidad del sistema; cambios en el esquema impositivo para simplificar tributos y aliviar la presión sobre el sector privado; y una profundización del proceso de desregulación y privatización de empresas públicas, uno de los pilares ideológicos del Presidente.
El principal interrogante reside en la viabilidad política de estos proyectos. El Gobierno llega a 2026 con más músculo legislativo que al inicio del mandato, pero todavía lejos de una mayoría propia que le permita imponer su agenda sin concesiones. Cada proyecto exigirá negociaciones finas, acuerdos transversales y costos políticos que el oficialismo deberá administrar con cuidado.