La causa contra Julio Garro por las presuntas irregularidades en la construcción de barrios privados en zonas no habilitadas se reactivó y en estos últimos días sumó un nuevo capítulo. El fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, a cargo de la instrucción, notificó formalmente a distintos emprendimientos urbanísticos que figuran en el expediente y les requirió documentación clave sobre la adjudicación de lotes, convenios firmados con el municipio y obras de infraestructura comprometidas.
El oficio judicial, enviado la semana pasada, pide a los responsables de los proyectos inmobiliarios que presenten expedientes administrativos, planos, facturación y constancias de cumplimiento de las condiciones impuestas para habilitar los loteos. También se exige información sobre los pagos realizados en concepto de “plusvalías”, un mecanismo que el municipio habría utilizado para que los desarrolladores financiaran obras públicas a cambio de las autorizaciones.
De acuerdo a fuentes judiciales, en esta etapa de la investigación se está profundizando en los boletos de compraventa firmados con los compradores de lotes y en la intervención de los escribanos que certificaron esas operaciones. La fiscalía busca determinar si las certificaciones fueron realizadas en regla y si los funcionarios que autorizaron los emprendimientos tenían vínculos con los desarrolladores.
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Julián Martínez
“Hay ciertas empresas que quedaron observadas en el expediente. Lo que se está tratando de establecer es si hubo funcionarios implicados en la adjudicación de los barrios y si se configuraron delitos vinculados al ejercicio de la función pública”, señaló una fuente con acceso al caso en diálogo con El Editor Platense.
La hipótesis que guía la investigación es que, durante los dos mandatos de Garro (2015-2023), se legitimaron proyectos inmobiliarios en zonas expresamente prohibidas, sin contar con la convalidación provincial que exige la normativa vigente. La sospecha es que la maniobra se realizó en beneficio propio y de empresas privadas, ocasionando un perjuicio tanto a los compradores de los inmuebles como al municipio.
Además de Julio Garro, están acusados exsecretarios, directores de obras y empresarios vinculados a las firmas investigadas. Entre los exfuncionarios aparece Marcelo Genoro, exdirector general de Obras Viales, acusado de intervenir en la aprobación de obras de infraestructura ligadas a los loteos, y Nahuel Paradela, que ocupó el cargo de subsecretario de Servicios Públicos y habría tenido un rol en la adjudicación de contratos con empresas privadas.
Del lado empresario, la causa involucra a Ariel Bordigoni, presidente de Bordigoni y Cía. SRL, una de las compañías constructoras que participaron en las obras; a Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea, ambos directivos de la firma Agrycon SA, que tuvo a su cargo desarrollos cuestionados; y a Facundo Dadin, representante de Solvial, otra de las empresas contratistas señaladas en el expediente.
Este último avance en la causa se da luego de los allanamientos realizados a mediados de marzo en la vivienda de Garro, ubicada en el country Grand Bell, en las oficinas de cuatro empresas contratistas ( Les Baux, Bordigoni, Agrycon y Solvial) y en los domicilios de los exfuncionarios municipales. En esos procedimientos, ordenados por la jueza de garantías Marcela Garmendia, se incautaron expedientes, contratos, computadoras y diversa documentación que ya está siendo peritada.
Uno de los hechos que más llamó la atención de los investigadores fue el convenio urbanístico vinculado al barrio La Cañada, en City Bell, que preveía la construcción de una rotonda. Según la fiscalía, el valor de esa obra pasó en pocas semanas de poco más de 39 millones de pesos a casi 64 millones, sin justificación técnica que explicara semejante diferencia. Para el fiscal Condomi Alcorta, se trató de un caso claro de sobreprecio que beneficiaba de manera casi exclusiva al emprendimiento privado.
El expediente acumula imputaciones graves, cómo asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta. El esquema que se intenta probar es que, desde el municipio, se exigía a los desarrolladores entregar una parte de las tierras o contratar empresas de servicios (agua, luz, gas, pavimento) vinculadas a funcionarios de la gestión. De esa manera, se generaba un circuito que no solo dejaba afuera el control provincial, sino que además garantizaba beneficios económicos para un grupo reducido.
El impacto político de la causa Garro
Garro, que tras dejar la intendencia tuvo un paso breve como subsecretario de Deportes en el inicio del gobierno de Javier Milei, evita hacer declaraciones públicas sobre el caso. Desde su entorno aseguran que los loteos fueron aprobados por ordenanzas y que la investigación tiene un fuerte sesgo político. Su defensa está a cargo del abogado Fabián Améndola, socio del mediático Fernando Burlando.
En paralelo, la gestión actual del intendente Julio Alak dispuso la suspensión de más de 400 proyectos de barrios cerrados que se encuentran bajo revisión. El propio secretario de Planeamiento municipal, Sergio Resa, declaró en la causa y dijo haber detectado irregularidades en varios expedientes de loteos.
Con las notificaciones a los emprendimientos, la fiscalía busca completar un mapa más preciso de cómo funcionó el circuito de aprobaciones, qué actores participaron y qué beneficios se obtuvieron de manera irregular. “Esta etapa es clave porque se está cruzando documentación de los barrios, las empresas y los registros notariales con lo que ya surgió de los allanamientos”, explicó una fuente judicial.
Los próximos pasos incluyen el análisis de pericias contables sobre los convenios urbanísticos y la posible citación a indagatoria de algunos de los imputados, entre ellos exfuncionarios de primera línea de la gestión de Garro.
